España: un himno de 130 millones de pesetas

Otra cosa bien diferente es si hablamos de los derechos de explotación de esta melodía de autor desconocido, que suena en mil eventos nacionales e internacionales, además de en películas, programas de radio o discos, generando unos ingresos por parte de la SGAE de, aproximadamente, más de 15.000 euros al año. Pero, ¿quién se lleva estos beneficios?

Desde 1942 hasta 1997, el dinero que generaron sus derechos de explotación fue íntegramente a parar al bolsillo del propio Bartolomé Pérez Casas y, tras su muerte en 1956, a sus herederos. El primer director de la Orquesta Nacional de España fue simplemente, por encargo del Rey Alfonso XIII , el autor de la armonización de la melofía tal y como la conocemos hoy. Por eso, cuando Franco declaró oficiales estos arreglos definitivos en 1942, Pérez Casas comenzó a percibir los derechos de arreglista, y no de autor, como algunos le atribuyen.

Esto se debe a que, en 1931, cuando llega la Segunda República y «su» himno es sustituido por el de Riego , Pérez Casas decide inscribir sus arreglos en el Registro general de la Propiedad Intelectual con el número 65.282. Aún no tenía ninguna idea de que la obra iba a generar tanto dinero.

Tal día como hoy de 1997, el Gobierno de José María Aznar tomó cartas en el asunto y anunció la compra de los derechos de explotación del himno por 130 millones de pesetas. Junto a éste, también compró los derechos de la «Llamada de Infantes», utilizada en el ámbito militar. El Ministerio de Cultura tuvo que llevar a cabo una larguísima y farragosa negociación con los herederos nombrados por Bartolomé Pérez Casas.

Antes de morir, el director de la Orquesta Nacional estableció en su herencia que, al no tener hijos, la mitad de los derechos del himno pasarían a María Benito Silva, la mujer que había servido en su casa desde que tuviera 11 años. Le pertenecerían hasta el día de su muerte, lo que se produjo dos años antes de que el Gobierno decidiera hacerse con el himno. La otra mitad de los derechos se los deció a su alumno y amigo José Andrés Gómez, que falleció en 1997, en plenas negociaciones con el Estado.

Fueron los hijos de este último los que, por lo tanto, recibieron los los 130 millones de pesetas, más el IVA correspondiente, por la adquisición de la obra por parte del Estado. Además, recibirían 5% de los ingresos que se obtuvieran por la explotación de la obra y el 1% de los beneficios que que generaran las futuras transformaciones. Todo ello, hasta que la titularidad pase a dominio público, algo que no ocurrirá hasta 2036, 80 años después de la muerte del autor.

Desde 1997, el Gobierno, como socio número 60.790 de la SGAE, recibe la liquidación anual pertinente como propietario de la obra 1.026, que corresponde al himno de España. Desde entonces y hasta 2008, las arcas publicas ingresaron un total de 165.957 euros, según datos de La Razón. Esto implica una media de más de 15.000 euros al año, aunque algunos documentos dicen que el himno generó, el año de la compra, entre 10 y 15 millones de pesetas (60.000-90.000 euros).

Si hacemos una media anual teniendo en cuenta la cuantía total dada para el periodo entre 1997 y 2008, nos da unos beneficios de más de 240.000 euros hasta el día de hoy. Sin duda, una valiosa herencia la adquirida por el Estado hace hoy 16 años, por la explotación de los derechos de nuestro himno en todas sus modalidades, a lo largo y ancho del planeta.