Salud mental: ¿derecho o privilegio?

Las quejas del cuerpo médico y de los propios pacientes llevan sucediéndose desde hace ya años. La media de profesionales de salud mental en la sanidad pública es demasiado baja y las listas de espera demasiado elevadas. Incluso, lograr vez no asegura haber conseguido ya todo lo necesario: es posible que no tengan suficiente tiempo para cada caso y que el seguimiento no sea todo lo rápido que debería.

La gran cuestión es, por tanto, si en este contexto se está asentando una salud mental a dos velocidades; simplificando, una de ricos y otra de pobres, dependiendo de si se puede pagar o no el tratamiento. No es una pregunta que le parezca extraña a Nel González, presidente de la Confederación Salud Mental España. La gente que necesita esa atención médica crece, pero «la sanidad pública no puede atenderlos». Ahí emerge la brecha entre quien puede pagar y quien no puede hacerlo.

Esto ocurre a pesar de que, en efecto, la salud mental colectiva se resiente. Siguiendo el informe de Ipsos, un 52% de la ciudadanía reconoce que pasó por períodos de estrés en el último año que la sobrepasaron y un 40% que ha estado deprimida hasta llegar a perder la esperanza.

Son estadísticas similares a las de un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el que el 61% de la población española reconoce haber sufrido algún tipo de «malestar psicoemocional en los últimos tres años». Cuando se pone el foco en quienes tienen menos de 36 años y problemas económicos o familiares, los datos escalan.

Son datos que no sorprenden a González. Más de la mitad de las personas con un trastorno mental que necesitaría tratamiento no lo está recibiendo, señala una estadística de la propia Confederación.

Si alguien se rompe el brazo, tendría muy claro que debe ir a que se lo enyesen y que eso ocurrirá sin mucho problema. Si la cosa va de salud mental, el proceso no será tan simple. Ante las listas de espera, pasar a la privada no está al alcance de todos. Como apunta González, si se tiene dinero, la salud mental será como otra cuestión cualquiera de salud. Pero para quienes no lo tienen es algo que se atasca.

Algo más de la mitad de las personas afectadas buscó ayuda, según la OCU. Un 68% lo hizo con ayuda farmacológica y un 58% con psicológica. Sea como sea, se iban a enfrentar a un tratamiento largo (la media, en los testimonios en esa investigación, fue de dos o más años) y no todo el mundo puede mantenerlo. Un 30% de quienes sí buscaron ayuda reconoce que lo dejaron porque el precio era demasiado alto.

Este no es el único papel que la economía tiene en la salud mental. Un 52% de los participantes señala que los problemas económicos empobrecieron su bienestar mental y un 45% que lo hizo el desempleo. Como suma González, la precariedad afecta y la salud mental vive conectada a toda una problemática social paralela. La pobreza energética, no tener fondos para gastos imprevistos y cuestiones similares van haciendo mella. «Es algo que poco a poco la va minando», explica.

Al final, indica el experto, cuando se dice que el código postal se conecta con la salud mental es algo cierto. Dónde vives dice mucho de cómo lo harás: lo hace en cuestiones como la educación, pero también en la salud. Y si un barrio es distinto a otro, la cosa se complica cuando se compara lo urbano con lo rural. La densidad de personal sanitario especializado en salud mental decae en este último espacio. Esta desigualdad es una falta de equidad entre territorios, explica González.

¿Está llevando esto a que la salud mental se convierta en 'de segunda' frente a la física? El análisis de Ipsos apunta que solo el 23% de la ciudadanía cree que se trata igual los problemas físicos que los mentales. Esto es, ven un agujero en la atención que se recibe.

Los recursos son «francamente insuficientes», señala González, que calcula en unos 4.000 millones de euros la brecha de la atención de salud mental en España entre 2008 y 2023. Y, aunque se hable mucho de la pandemia como el momento en el que todo se resquebraja, la realidad es más complicada. «No fue una cuestión de la pandemia, siempre fue así», indica el experto.

España es ahora un país altamente medicado, pero eso es un parche. González señala que las medicinas son necesarias, pero que también lo es la terapia. Una pastilla puede cronificar algo que un tratamiento ayuda a gestionar, explica. Nuevamente, hay que pensar en esto de una forma más amplia —esa problemática social mencionada— y entendiendo también el momento. «Oí decir a alguien que no se puede vivir en estado de catástrofe toda la vida», apunta González.

La solución pasa, por tanto, por entender la cuestión. González defiende que hay que dejar de abordarla con parches y que debería entrar en los Presupuestos del Estado. «No es voluntarista, es de números», advierte. «No es un despilfarro, es una inversión a futuro», suma. Que el problema se enquiste y se cronifique tendrá consecuencias no solo ahora sino también en el mañana.