Europa advierte que España combate la pobreza infantil «poco y mal»

España, según datos de Bruselas, es uno de los países con mayor número de menores en riesgo de pobreza o exclusión social. «La tasa de riesgo de pobreza infantil en España supera el 27%», refleja la Unión Europea en su informe 'Invertir en la infancia'. Es la cifra más alta de todo el conjunto comunitario junto con la de Bulgaria y Rumanía. 10,5 puntos porcentuales por encima de la media europea (16,5%) y 16 puntos porcentuales de la tasa más baja (11%) marcada por Dinamarca, Finlandia y Eslovenia. «Hemos realizado importantes esfuerzos para combatir la pobreza infantil», destaca el informe europeo.

En su tratado fundacional, la Unión Europea establece la protección de los derechos de los niños y de la infancia como uno de los principios rectores del club comunitario quedando reflejado en el Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Años más tarde, esa defensa aumentó al quedar por escrito en la Carta Social Europea la necesidad de adoptar medidas apropiadas para garantizar que los niños reciban los cuidados necesarios, asistencia, educación y formación.

Peticiones que se han expresado a lo largo de los años en ayudas económicas, desgravaciones y subvenciones. «Nuestro estudio confirma una gran heterogeneidad en la cantidad, la composición y la distribución», señalan las conclusiones de los autores de la investigación europea. Estas transferencias estatales, según el estudio, van desde el 3,2% del PIB per cápita en Irlanda hasta el 12% del PIB per cápita en Austria. «Dependen de diferentes combinaciones de políticas, aunque normalmente predominan las ayudas en el momento del parto o la crianza de los hijos», señalan.

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En este caso, España es el tercer país del conjunto de 27 con menos gasto en ayudas a la crianza respecto a la renta per cápita. Además, el estudio revela que, junto con el portugués, el sistema fiscal y de prestaciones español es el más ineficiente para reducir la pobreza de los más jóvenes.

En concreto, las ayudas por hijo en España suponen el 4,1% del PIB per cápita, muy lejos de Austria (12%) y de Polonia (11,6%) y solo por delante de Grecia (4%) y de Irlanda (3,2%). Además, el documento revela que las ayudas crecen, pero solo en el tramo destinadas al 10% más rico que subieron un 0,02% respecto al PIB per cápita en el periodo 2019-2022. En el caso de las destinadas al 10% más pobre, estas no han variado.

De hecho, aunque el margen de diferencia es muy escaso, el 10% más rico recibe más ayudas de media por hijo que el 10% más pobre. «Esto se debe a que las prestaciones por hijos no están supeditadas a un límite de renta», denuncia la investigación. En el caso español, estas prestaciones, habitualmente, están ligadas a requisitos como familias numerosas o discapacidad y en el caso de las rebajas fiscales son las rentas más altas las que aprovechan, las más bajas ya tienen de por sí reducidas obligaciones fiscales.

En su análisis, la Comisión Europea no solo pone el foco en los destinatarios, también en la concepción y el diseño de estas ayudas. «El 70% de las ayudas en España no están dirigidas a reducir la pobreza», concluye el estudio. En su valoración, los investigadores consideran que tan solo 1 de cada 10 transferencias estatales están bien diseñadas y buscan reducir la pobreza infantil.

Una arquitectura que «solo logran rebajar en 4,76 puntos la conocida como tasa AROPE (grupo de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social) de los menores». Dentro de esos 4,76 puntos, 1,34 corresponden a las prestaciones por hijo, 1,96 a las rentas mínimas y 1,46 a bonificaciones fiscales.

El pasado mes de octubre, la OCDE recomendó a España que sus ayudas sociales «se dirijan a los más necesitados, sobre todo a familias de bajos ingresos con hijos».