Juan Luis Ibarra: «Uribetxebarria tiene derecho a una muerte digna»
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha hecho hincapié sobre la «firme» y «no revisable» decisión sobre el caso Bolinaga, ya que «no puede ser objeto de debate su pronóstico de reinserción»
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarr a , ha recordado que un preso que tiene una enfermedad «incurable» e «irreversible» tiene «derecho a una muerte digna a pesar de su actividad» y ha hecho hincapié en que «las cárceles no están para eso».
No obstante, ha precisado que «esa persona no va a estar en libertad, sino en libertad condicionada», lo que supone que «va a seguir siendo una persona condenada sujeta en ese periodo de cumplimiento de condena a condiciones muy estrictas», recalcando que, si las rompe, esa libertad condicional se revocará.
Entrevistado en «Radio Euskadi» , Ibarra ha explicado que el régimen penitenciario español «está basado en el principio de común humanidad» que, según ha incidido, «es justo el contrario que el que determinan las acciones terroristas, que están determinadas por la cosificación de la víctima, que hace que el delincuente vea a la víctima como un objeto».
En referencia al preso de ETA enfermo de cáncer Josu Uribetxebarria , ha subrayado que cuando existen dictámenes médicos «contradictorios o parcialmente contradictorios, al menos», como a su juicio «ha sucedido en el caso», se tendría que utilizar el «sentido común» . «Es decir, ver qué hay en común en esos dictámenes» que, en su opinión, es que el enfermo padece una enfermedad grave «incurable» y «de muy mal pronóstico», y que «el promedio de previsión de supervivencia oscila entre los seis y doce meses».
«No puede ser objeto de debate su pronóstico de reinserción»
«Si esa es la conclusión que extraigo, el Código Penal y el reglamento penitenciario me dicen que si la Administración Penitenciaria lo ha clasificado en tercer grado es porque ya ha hecho un análisis de pronóstico, vamos a llamarle de reinserción social, aunque decir esto en relación con penados condenados por pertenencia o por actividades terroristas necesitaría muchas matizaciones», ha apostillado.
En este sentido, ha dicho que «lo que tenemos en este momento es una decisión firme y además no revisable, porque nadie la ha recurrido, de la Administración Penitenciaria diciendo que esta persona está clasificada en tercer grado». Por ello, ha hecho hincapié en que «no puede ser objeto de debate su pronóstico de reinserción» sino que «lo único que puede ser objeto de debate son sus posibilidades de eludir la acción de la justicia o su peligrosidad en términos delictivos».
Por otra parte, el presidente del TSJPV se ha referido al recurso interpuesto por el Gobierno ante Estrasburgo por la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de rechazar la conocida como «doctrina Parot» . Según ha vaticinado, la Gran Sala de Estrasburgo «confirmará» la resolución por una cuestión de estadística ya que, tal y como ha recordado, «el porcentaje de asuntos que se revisan por la Gran Sala respecto de las decisiones de la Sala ordinaria del Tribunal son mínimos».
Los recortes en la Justicia
Ibarra también ha aludido a cómo está afectando la crisis económica a la Administración de Justicia del País Vasco. Según ha remarcado, por parte del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que es quien tiene la responsabilidad en todo el ámbito de la Oficina Judicial, «no hay recortes aunque sí hay menos dinero para inversiones».
Por lo que se refiere al Ministerio de Justicia, ha explicado que «el mayor de los recortes y el más preocupante es que durante todo este año no se han convocado el acceso» a la carrera judicial y a la carrera fiscal «y esto sí que a medio plazo es muy grave» . «El otro gran recorte que se anuncia y que confiemos no llegue hasta donde se publicita es el de las tasas para el acceso a la jurisdicción», ha añadido, asegurando, igualmente, que «este es un motivo de preocupación también muy seria y muy de medio plazo».
En este sentido, ha afirmado que «si no se remedian estos recortes tendremos una plantilla judicial estancada y además al ciudadano que está más afectado, precisamente, por las agresiones al derecho al trabajo le va a resultar más difícil acceder a la jurisdicción para pretender una tutela judicial».
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