VIVIR EN VERDE / III FORO ABC NATURAL

Residuos: Comprometidos con el reciclaje

Los responsables de la gestión de residuos confían en que el desarrollo de la ley aporte mayor seguridad jurídica y herramientas para evitar la competencia desleal

Día 15/06/2012 - 11.49h
Residuos: Comprometidos con el reciclaje
ERNESTO AGUDO
Responsables de los principales SIG participantes en el III Foro ABC Natural «Reciclar más y mejor»

Se acercan las vacaciones y muchos, a pesar de la crisis, destinarán unos días al merecido descanso. Pero antes se impone el paso por el taller para la puesta a punto del automóvil. Es probable que esa revisión incluya un cambio de aceite y tal vez de neumáticos. ¿Se ha preguntado alguna vez a dónde van el lubricante y los neumáticos usados? ¿Quién se encarga de recogerlos para que no acaben en un vertedero, contaminando el suelo o el agua?

Mientras espera a que revisen su automóvil tal vez se tome un refresco. La mayoría de los españoles hemos aprendido a estas alturas dónde depositar los envases, ¿pero qué pasa con ellos una vez que están en su respectivo contenedor? ¿O dónde tiene que depositar su viejo aparato de televisión, que tal vez esté pensando en cambiar por otro más moderno en 3D animado por la proximidad de algún evento deportivo?

Detrás de todos nuestros residuos, que para nada son inservibles, hay una amplia red de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) que se encargan de descontaminarlos e introducirlos nuevamente en la cadena de producción, como materias primas secundarias, que dan un respiro a nuestro esquilmado planeta.

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada hace un año se ocupa de cuestiones como las anteriores con el objetivo de «reciclar más y mejor», que fue precisamente el tema del III Foro ABC Natural, celebrado el pasado 1 de junio. Presidido por Guillermina Yanguas Montero, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, y moderado por Ramón Ferrer, coordinador de los foros de ABC, contó con la participación de los representantes de los principales SIG.

Los participantes debatieron sobre los cambios más significativos introducidos en la Ley de Residuos por el Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Una reforma que pretendía «simplificar la ley y hacer modificaciones puntuales para agilizar procedimientos de autorizaciones y notificaciones para el traslado de residuos entre las distintas Comunidades Autónomas», como explicó Guillermina Yanguas.

En un tono distendido, los representantes de los principales Sistemas Integrados de Gestión de residuos se mostraron satisfechos con los cambios introducidos por el Real Decreto, así como la capacidad de diálogo demostrada por el Ministerio de Medio Ambiente, aunque entienden que aún hay que hacer matizaciones específicas para cada flujo de residuos.

Retos pendientes

Eduardo de Lecea, director general del Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados (Sigaus), lo resumía así: «Hemos hecho avances importantes desde la celebración (en junio del año pasado) del Foro anterior atribuibles al nuevo Gobierno. Pero hay cosas que se pueden afinar aún más en el desarrollo del Real Decreto para garantizar una mayor seguridad jurídica, de forma que se pueda recoger la máxima cantidad de residuo al menor coste y con las menores interferencias en el mercado».

Una demanda que justificaba con datos: «Como demuestran los 14 años que los SIG llevamos operando, somos el instrumento más eficaz para gestión de residuos, con más de 6.000 millones de euros inyectados en el sistema, de los que el 92% se han dedicado a la gestión directa del producto. Representamos el 13% del PIB y gestionamos los residuos de más de 15.000 empresas, lo que nos convierte en el verdadero motor para esta gestión».

La seguridad jurídica tiene por objetivo restringir las interpretaciones libres por parte de determinados sectores, puntualizaba Lecea, como el de la automoción, que se consideran al margen de la norma de recogida de aceites usados.

Un aspecto, el de acotar las libres interpretaciones, en el que José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio, se mostraba de acuerdo: «Es importante recoger la necesidad de que los residuos comerciales, como los procedentes de la hostelería, se asimilen a los domésticos y formen parte de nuestro ámbito de actuación. En primer lugar porque el 47% del vidrio que recogemos proviene de hostelería y no se puede diferenciar del doméstico, ya que acaba en los mismos contenedores, que nosotros recogemos y del que nos hacemos cargo sin ninguna financiación».

Acabar con el fraude

Para Oscar Martín Riva, director general de Ecoembes, el SIG que se encarga de reciclar los envases de los productos que consumimos en nuestros hogares, una sociedad consciente de la necesidad de implicarse para conservar el medio ambiente requiere «un marco legal que garantice la seguridad jurídica y económica necesaria para dar el servicio que se demanda y la Administración debe poner la autopista que nos permita dar ese servicio al ciudadano. Sin ese marco de colaboración, de seguridad jurídica y económica que está abordando el Ministerio, esa autopista que nos permite llegar al ciudadano, nuestros retos serían inviables».

Para Jesús María Núñez Imaz, director general del Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados (Signus), es importante acabar con las desigualdades que pueden acabar convirtiéndose en fraude, como el que afecta al sector de neumáticos usados: «Lo que nos preocupa de los aspectos que debería cubrir el desarrollo reglamentario de la Ley es la necesidad de establecer eficaces mecanismos de lucha contra el fraude, en materia de responsabilidad del productor. Consideramos fraude el que realizan muchas empresas en España, demasiadas desafortunadamente, que importan o adquieren neumáticos fuera, para su venta en el mercado nacional de reposición y que no garantizan la correcta gestión de sus neumáticos. La Ley actual prevé dos vías para hacerlo: la individual y la colectiva, como Signus. Pero estas empresas no usan ninguno de los dos. Introducen neumáticos, los venden y generan residuos que el sistema colectivo recupera y recicla con un coste que pagan solo los adheridos. Se produce una injusticia competitiva a favor de las empresas que incumplen y generan este fraude».

El fraude derivado de venta de neumáticos usados procedentes de desguaces, cuya responsabilidad corresponde a los fabricantes de vehículos es otro de los puntos a delimitar en la nueva ley, según Núñez Imaz. Y aún hay otra tercera vía de fraude: «no cumplir la universalidad del servicio de recogida de neumáticos, por los SIG minoritarios, que eligen dónde y qué coger, que se llevan lo mollar y sólo van a los sitios que les interesa, a un coste mucho más interesante, frente a la recogida en 35.000 puntos de toda España, que hace Signus, con el coste que eso supone desde el punto de vista logístico».

Un fraude que no solo afecta a los SIG encargados de la gestión de residuos como los neumáticos, el aceite o el vidrio, sino que nos afecta a todos, aunque lo desconozcamos, como explicaba Núñez-Imaz: «Por cada neumático que compramos pagamos 1,5 euros para su reciclado cuando ya no sirva y gracias a ello se recicla correctamente, algo que no ocurría hace tan solo seis años».

Un impuesto verde que pagamos todos en la mayoría de los productos que consumimos y que algunos pretenden saltarse para engrosar sus beneficios de forma fraudulenta.

Coste ambiental

Estas actuaciones fraudulentas, que suponen «un 3% de la actividad de Sigaus, unos cuantos miles de euros», como recordaba Lecea, pueden verse favorecidas por la crisis y un mercado de segunda mano que demanda productos de los SIG, aunque ello suponga aumentar la contaminación. Un ejemplo, el uso de lubricantes como combustibles a pesar de su alto coste medioambiental y de salud en emisiones de CO2.

Esta coyuntura que afecta especialmente a Ecolec, el Sistema Integrado de Gestión para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos: «El 70% de los productos que se ponen en el mercado, cuando se convierten en residuos, tienen valor. Al final solo recogemos residuos peligrosos, y el resto, que tiene valor, se escapa a gestores legales que no se computan por falta de recursos. Y un porcentaje alto va a África. Trabajamos con Interpol y Unicri porque hay una sospecha de que de estos flujos ilegales en toda Europa generan dinero negro que financia terrorismo y narcotráfico».

Para Núñez Imaz, una forma eficaz de acabar con los flujos ilegales es implicar a los técnicos de aduanas, como ya lo están en otro tipo de comercios ilegales relacionados con el medio ambiente, como especies protegidas. «La actividad de importación debe estar sujeta a los requisitos medioambientales, que debe garantizarse en toda adquisición intracomunitaria. Libre intercambio sí, pero que no vaya en contra del medio ambiente», señalaba.

Empleo verde

Además de realizar una labor medioambiental, los SIG son también un vivero de empleo verde, como destacaba Óscar Martín Riva, director general de Ecoembes.

«Nuestra actividad está relacionada con la creación de empleo. En nuestro caso, según el último estudio que acabamos de realizar, la puesta en marcha del sistema que gestiona Ecoembes crea más de 9.000 puestos directos de trabajo, porque cada año seguimos creciendo en tasa de reciclado, por el esfuerzo de Administración, operadores y empresas. En el año 98 se reciclaban el 5% de los envases y a día de hoy, lejos de pararnos en el 55%, que es lo que marca la normativa, estamos en el 70%. Lo que se traduce en puestos de trabajo directos. Por tanto, si somos capaces de incrementar esas tasas favoreceremos la creación de empleo verde».

Un empleo que ayuda a descontaminar el medio ambiente y disminuir la demanda de materias primas, pero no es el único beneficio, como apuntaba Miguel Vega, director de relaciones institucionales de Sigre, la entidad que se encarga de la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos de origen doméstico. «España es el único país que en los envases de medicamentos tiene un logo medioambiental y el único en que en el prospecto se explica que hay que dejarlos en el punto Sigre de la farmacia. Ahora estamos articulando que en el proceso de autorización de un laboratorio sea exigible un documento previo que garantice que cumple con las obligaciones medioambientales».

Concienciación

Además, señalaba Vega, «Sigre es la culminación de una política de responsabilidad social que ha llevado al sector farmacéutico a hacer fármacos y envases más ecológicos y a involucrar a 22.000 farmacéuticos que antes no tenían una función ambiental. También se ha logrado la puesta en marcha de una logística inversa para recoger los residuos que generan los propios productores. No son nuevos empleos pero sí ampliación de funciones».

La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Guillermina Yanguas, destacó que aspectos como la seguridad jurídica, el fraude o la necesidad de seguir trabajando en concienciación ciudadana son objetivos de la Ley de Residuos, «que es un marco general en el que habrá que adaptar las peculiaridades para que cada flujo de residuos tenga una regulación particular». Un objetivo, puntualizaba, para el que es de gran importancia tener en cuenta la opinión de todos los implicados. La ley general es un paraguas que da cabida a todos, pero los reglamentos específicos afectan a cada flujo de residuos con sus particularidades. Nos queda un trabajo ingente desde el punto de vista normativo».

Guillermina Yanguas, como el resto de los representates de los SIG, quisieron destacar también la importancia de la colaboración ciudadana para seguir creciendo en tasa de reciclado: «La sensibilización de ciudadano es esencial y también lo es que sepa que su conducta respetuosa con el medio ambiente es fundamental en la consecución de los objetivos ambiciosos marcados por la UE para 2020, año en que deberá alcanzarse una tasa de reciclado total del 50%».

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