Envases: El valor de nuestros residuos

Desde que en 1998 entró en funcionamiento Ecoembes, en nuestro país se han reciclado un millón doscientas mil toneladas de envases, lo que nos ha situado en el quinto puesto en Europa, detrás de Austria, Alemania, Bélgica y República Checa. Un esfuerzo que no ha tenido en cuenta la nueva de ley de Residuos y Suelos Contaminados (pdf), aprobada ayer por el Congreso, según manifestó Melchor Ordóñez, director General de Ecoembes, en el II Foro de ABC Natural sobre «Reciclado de envases en España», moderado por Ramón Ferrer, director del Aula Medicina y Conocimiento.

Antes de la aparición de los Sistemas Integrados de Gestión de residuos (SIG), en nuestro país se reciclaban 45.000 toneladas de envases frente al 1.215.000 recogidos en 2010, «una diferencia notable gracias al compromiso de las empresas de Ecoembes, Ayuntamientos y Comunidades y a una participación ciudadana exquisita», resaltó Ordóñez. Además, en este tiempo Ecoembes ha invertido directa o indirectamente 180 millones de euros en comunicación y educación ciudadana. «A través de los SIG se hacen más cosas. La participación de las industrias en planes empresariales de prevención han ahorrado 56.000 toneladas de materia prima por reducción del peso de los envases», puntualizó Paloma Sánchez, directora del departamento Técnico y Medioambiental de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).

El cambio de personalidad jurídica es uno de los puntos conflictivos de la Ley, incomprensible para Pedro Poveda, socio del despacho Gómez Acebo & Pombo: «Una de las pocas novedades de calado introducidas, a pesar de que los SIG funcionan perfectamente sometidos a control público. Ahora deben transformarse en figuras que no tienen parangón en Europa y que no establece la Directiva. Solo hay una figura parecida en el ordenamiento jurídico español, la que rige en la SGAE. Por un lado la Ley no impide técnicamente usar figuras distintas de las asociaciones. Pero las figuras que no sean asociaciones no pueden ponderar el voto, como exige la ley. Para resolverlo la SGAE se constituye como asociación y establece un sistema de voto ponderado que se cambia anualmente en función de lo percibido por cada autor. ¿Por qué no ha funcionado? Porque pueden contratar a entidades a las que no se exige que carezcan de ánimo de lucro para gestionarlo. El modelo SGAE no funciona porque ha fallado el control y la transparencia. Y es el que implanta ahora el Gobierno para la gestión de residuos».

Otro aspecto de la nueva ley de Residuos que genera inseguridad es que deja la puerta abierta a un sistema de depósito, devolución y retorno «que implicaría una gestión distinta de los residuos de envases y en particular para el ciudadano significa que una pequeña fracción de la bolsa amarilla requiere una segunda división y el depósito en otro punto diferente», aclara Ordóñez. Se trata de una opción impulsada por Retorna, una asociación sin ánimo de lucro integrada por agentes sociales, empresas, ONG ambientales e instituciones, cuyo objetivo es la creación e implementación, a nivel estatal, de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases, que permita recuperar y reciclar al máximo los materiales de envases cumpliendo y superando los índices legalmente establecidos. Para lograrlo se pagaría una fianza por cada envase que se recuperaría al devolverlo.

Una opción a la que Paloma Sánchez, de FIAB, no encuentra ventajas: «Requiere una inversión inicial de 470 millones euros para las 20.000 máquinas de recogida de envases que se instalarían en medianas y grandes superficies de distribución. Y los pequeños comercios tendrían que hacer una recogida manual. En total supondría unos 500-700 millones de euros netos anuales. Y todo eso para incrementar no más de un 2% la tasa de reciclado actual, porque afecta a un tipo de envases muy determinado, que no son más de 300.000 toneladas, que ya se están reciclando ahora por los SIG. Tampoco supone una ventaja ambiental». Un sistema, apuntaban los asistentes, poco oportuno en un momento en que se hacen recortes en el Sistema Sanitario. Carlos Martínez Orgado, presidente del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR), señaló que «el dinero que hay que emplear para elevar un punto porcentual la tasa de reciclado puede no ser razonable cuando se están cerrando quirófanos por falta de dinero. El ciudadano debe tener la opción de decidir hasta dónde quiere llegar en esa escalada de cifras dentro de unos mínimos marcados por la UE».

Sistema rechazado en Europa

Este sistema advertía Ordóñez, «sólo funciona en Noruega y Suecia que lo instalaron antes de iniciarse la recogida selectiva y Alemania. Francia y Reino Unido lo han rechazo por el coste que supone ponerlo en marcha. Martínez Orgado recordó también que este sistema surge en Alemania en el 91 para potenciar la reutilización de envases no retornables, que había bajado por dos años consecutivos. Pero fracasa por la falta de concertación: «En los dos últimos años en Alemana la tasa de reciclaje ha bajado cuatro puntos porcentuales. Lo que demuestra que este sistema no sirve para alcanzar los objetivos que se marcaban para su creación. Fue un sistema creado en momentos de bonanza económica para favorecer la reutilización».

Retomando el ejemplo de la SGAE, Marina Heredia, gerente de la Unión de Consumidores de España (UCE), expresó su desacuerdo con lo que calificó como «canon de embalaje» que se cobraría por adelantado, desconfiando de la responsabilidad de los ciudadanos para reciclar: «Vamos a pagar un canon al comprar una bebida asimilable al digital tan justamente denostado, desde nuestro punto de vista, por si no lo devolvemos. Es algo negativo. No tiene sentido establecerlo independientemente de la contribución de cada uno al reciclaje. Y no hay garantía de que la accesibilidad sea la misma que a los actuales contenedores. Según los datos a los que hemos tenido acceso, la inversión inicial para ponerlo a punto es grande. Y lo vamos a pagar los ciudadanos. Es una nueva tasa indirecta y no vemos claro su destino», concluía Heredia.

Respecto a la necesidad de informar a los consumidores y concienciarlos sobre la necesidad de reciclar al máximo, Manuel Toharia, director científico de la ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que participó en el foro mediante teleconferencia, resaltó que «somos muy gregarios en nuestro comportamiento y hacemos las cosas porque las hacen los demás. Hay que otorgar a los ciudadanos facilidades y no esperar que la concienciación sea la panacea. La responsabilidad última sobre la viabilidad ambiental no es ni de las empresas, ni de los SIG, que hacen una labor muy meritoria, sino de los poderes públicos que nos representan a todos. Este es un tema, de los que no hay muchos, que exige decisiones políticas de altura. Hemos elegido a los gobernantes para que nos resuelvan este problema. Hay que implicarlos claramente», reclamaba.