Bruselas considera ilegales las ayudas de la Comunidad a los estudios de Ciudad de la Luz

La CE considera que esta financiación pública «no se facilitó en condiciones de mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el beneficiario», según indicó en un comunicado de prensa.

Además, pone en duda que la decisión de crear un nuevo centro cinematográfico al margen de los ya existentes en Madrid y Barcelona respondiera a razones «comerciales».

«El sector cinematográfico español es dinámico y competitivo», señaló el comisario europeo de Competitividad, Joaquín Almunia, quien defendió que «no hay ninguna necesidad de destinar dinero público a la financiación de un nuevo operador» .

Almunia afirmó que financiar con dinero público unos estudios en concreto penaliza, tanto a los ya existentes, como a aquellos que podrían entrar en el mercado y que no reciben estas ayudas, y añadió que, «en el actual clima económico, las consecuencias pueden ser desastrosas».

La Comisión Europea abrió una investigación en profundidad en 2008 a raíz de varias denuncias para determinar si la financiación que la Generalitat Valenciana concedía a la Ciudad de la luz era conforme a las normas europeas que regulan las ayudas de Estado.

El ejecutivo europeo llegó a la conclusión de que el mercado europeo de los grandes estudios cinematográficos es muy competitivo, y que cada vez lo es más debido a la adhesión de doce nuevos Estados miembros a la UE en 2004 y en 2007, donde se sitúan grandes centros audiovisuales.

«La Comisión albergaba serias dudas de que, en este entorno competitivo, la decisión de invertir en un proyecto totalmente nuevo al margen de los grandes centros de actividad audiovisual como Madrid y Barcelona pudiera ser consecuencia de consideraciones comerciales», destacó en un comunicado.

La CE señaló que tanto la evaluación económica en profundidad que realizó sobre este proyecto, como un informe externo independiente del plan de negocio concluyeron que «un inversor privado no habría financiado al 100 % Ciudad de la Luz».

Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, defendió la semana pasada en Bruselas tras reunirse con Almunia, que los servicios jurídicos de la Generalitat valenciana consideran que «se actuó de forma correcta».

«Hemos insistido que actuamos según la ley y que no hubo competencia desleal» en la concesión del proyecto, aseguró Fabra.