La UE blinda sus aguas

Con los deberes hechos tras el devastador accidente en el Golfo de México, ocurrido el 20 de abril de 2010, en una plataforma de la petrolera británica BP, el Parlamento Europeo y el Consejo presentaron en octubre pasado un documento que marca la «hoja de ruta» de la presente y de la futura industria petrolera europea que pasa, inexorablemente, por hacerse sostenible y más segura.

El definitivo espaldarazo del petróleo sostenible que pretende la UE con el nuevo reglamento, elaborado en estrecha colaboración con las operadoras y con todos los agentes sociales, económicos y políticos involucrados, va dirigido a reforzar y preservar la eficacia de las medidas de prevención de los riesgos de accidentes graves en aguas de la Unión. Y, para ello, se ha propuesto dos objetivos claros: reducir los riesgos de accidentes graves y limitar las consecuencias en caso de que, a pesar de todo, se produjera un accidente.

En sintonía con la legislación y políticas medioambientales de la UE, el reglamento sigue los principios de «quien contamina paga» y de «cautela», con los que las petroleras ya están comprometidos a través de sus exhaustivas medidas de seguridad y de prevención. La meta, alcanzar de aquí a 2020 «el buen estado ecológico del medio marino», indica la propuesta.

En cuanto a las exigencias estipuladas a las compañías, establece que las operaciones de perforación y de reparación de pozos de petróleo y de gas sólo deberán llevarse a cabo por una instalación técnicamente capaz de controlar todos los riesgos previsibles en la ubicación del pozo y respecto de la cual se haya aceptado un informe sobre los riesgos de accidente grave (IAG). Por tanto, antes de acometer los sondeos en Canarias, esta será una condición indispensable que tendrá que superar la española Repsol, entre otras muchas. Nada de particular si no fuera porque desde que el Consejo de Ministros dio luz verde a las prospecciones, en el archipiélago se ha venido especulando con que Repsol pretendía hacerse con los permisos de exploración antes de la aprobación definitiva del reglamento para no tener que adaptar su actividad en Canarias a la nueva normativa europea. Una suposición que obvia explicar los plazos que da el documento a las petroleras para adaptarse a la nueva regulación. En el caso de los operadores de pozos, dispondrán de un plazo de tres meses a partir de su entrada en vigor, o en una fecha anterior si así se acuerda con la autoridad competente, precisa el borrador.

La UE ha diseñado, en consecuencia, un amplio sistema de gestión de la seguridad y de la solvencia de las empresas operadoras, que planifica y limita riesgos, y también eventuales daños causados al medio ambiente en caso de siniestro. Además, regula someramente el intercambio de información pública y da transparencia a las notificaciones de accidentes abriendo la puerta, incluso, a la notificación de problemas de forma anónima. Un cerco consentido a las operadoras porque, entre otras cuestiones, el coste de implantación de las medidas fijadas en el reglamento oscilan entre los 134 y los 140 millones de euros anuales, un importe «modesto», matiza, «en comparación con la reducción del riesgo que éstas garantizarán, entre 103 y 455 millones de euros al año». Por consiguiente, añade el documento, «se proponen como medidas de facilitación». Entretanto se aprueba el reglamento, y dado el frente común abierto en las islas contra los sondeos, encabezado por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, cabe acudir a los hechos. Lo es que Repsol explota petróleo en Tarragona desde los años 80, que está presente, como otras tantas corporaciones, en los bancos de Noruega, donde cumple escrupulosamente con la legislación de ese país, sin que se haya producido hasta el momento ningún incidente, y en los que se ha perforado a 1.500, 2.000 e, incluso, a 4.000 metros de profundidad bajo el lecho marino (también en Brasil), y que Repsol invierte cada año cerca de 20 millones de euros en medidas de carácter medioambiental, sobre todo, en infraestructuras y equipos del personal.

También es un hecho que el proceso de obtención de la Declaración de Impacto Ambiental para sondear las aguas canarias en busca de crudo precisará entre 20 y 24 meses de tramitación, como mínimo, indicaron fuentes de la compañía. En paralelo, Repsol ha desplegado una serie de acciones de prevención, control y seguimiento en los procesos para la construcción de pozos, en las inspecciones y auditorías, en la gestión de competencias del personal, en la planificación de respuesta ante emergencias y en las autorizaciones para perforar, donde se asegura de forma documentada que todos los aspectos técnicos han sido correctamente implementados y verificados, señala Repsol.

La experiencia de Tarragona, a ojos de Canarias, región acostumbrada a los vaivenes del binomio construcción y turismo, supone un modelo sostenible y compatible con la actividad turística, como también Noruega. En un espacio de 20 kilómetros cuadrados conviven el polígono petroquímico más importante de España y una zona turística de primer orden, con 5,3 millones de turistas en la Costa Dorada el año pasado y —3,9 millones de visitantes sólo a «Port Aventura»—. A lo anterior, hay que sumar los 9 millones de euros al año recaudados en impuestos locales (también operan Dow Chemical, Basf, entre otras), y los 1.500 trabajadores en plantilla cuando produce unos 2.000 barriles diarios. Su plataforma bandera, «Casablanca», está enclavada a 45 kilómetros de la costa de una ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En el caso de Noruega salta a la vista que las actividades de producción de crudo se realizan en un entorno de seguridad y en cohabitación con un paisaje marino y terrestre de los mas bellos del mundo, apunta un informe del mes de marzo del responsable de la oficina de Repsol en Oslo. Con el agravante, según la perspectiva del Gobierno canario, de que la distancia media de las actividades petroleras más cercanas a la costa es de 50 kilómetros, llegando a un mínimo de 15 kilómetros. En Canarias, se realizarán, en cambio, a 61 kilómetros de distancia.

Otro ejemplo de compatibilidad entre turismo y actividad petrolera sostenible vuela hasta Cuba. La compañía está realizando un sondeo exploratorio en sus paradisíacas aguas. Pero mientras en Europa y EE. UU. optan por explotar sus recursos naturales, Paulino Rivero parece contar con su propia agenda petrolera. Hace pocos días, aseguró que el Rey de Marruecos, Mohamed VI, le había transmitido que no había hallado hidrocarburos en en sus aguas, limítrofes con las posibles bolsas canarias. Afirmación, según su versión, que contrasta con las declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de Marruecos, Abdelkader Amara, a finales de marzo, en las que pedía al titular de Energía español, José Manuel Soria, «concertación» para abordar las propecciones.

Y mucho más con las del ministro de Asuntos Generales y de la Gobernanza de Marruecos, Mohamed Najib Boulif. En un foro celebrado hace dos semanas en Tánger organizado por su partido, el islamista PJD, Boulif avanzó que los estudios geológicos y geofísicos de la compañía británica «Longreach Oil & Gas» han estimado que las reservas de petróleo de los campos «Foum Draâ» y «Sidi Moussa», en las costas de Tarfaya, ascienden a dos mil millones de barriles de crudo y a más de mil pies cúbicos de gas. La distancia entre Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Tarfaya es casi la misma que hay entre Gran Canaria y Tenerife.