España, el tercer país de la UE más moroso en sus plazos de pago por detrás de Grecia e Italia

«La morosidad es un problema estructural de la economía», ha denunciado el presidente de la plataforma, Rafael Barón, que ha señalado la pérdida de competitivida que genera para el tejido empresarial español respecto a los países de su entorno. El portavoz de la asociación, Antoni Cañete, ha señalado que 3 de cada 4 empresas que cierran en España lo hacen por problemas en sus pagos, y que la morosidad es la principal causa de pérdida de puestos de trabajo.

En consecuencia, el organismo ha propuesto al Gobierno que salga de las urnas tras el 20 de noviembre una batería de medidas para complementar la Ley 15/2010 contra la Morosidad. La plataforma contempla tres clases de faltas por dilación de pago. En el caso de las «leves», con empresas que pacten plazos de pago que excluyan los períodos vacacionales, la multa oscilaría entre 6.000 y 30.000 euros.

Para las «graves», con dilaciones superiores a 20 días, la sanción podría llegar hasta los 300.000 euros. En el caso de las «muy graves» (más de 60 días de demora sobre el plazo legal), las multas estarían por encima de 300.000 euros y e irían hasta los 900.000 euros. La plataforma también propone el cierre temporal de las empresas que reincidan tres veces en infracciones «muy graves».

La plataforma se fija en el «exitoso» modelo francés, que consiguió pasar de un plazo de pago entre empresas en 2006 de 57 días a 48 en 2010. Y observa figuras que podrían adoptarse en el caso español: la del «médiateur» como figura no coercitiva para imperdir la judicialización de los conflictos por motivos de impagos o la «mise en demeure», o reclamación extrajudicial del proveedor al cliente y que puede utilizarse como prueba ante los jueces.

Y es que según el estudio presentado, se observa una Europa no a dos, sino a tres velocidades en cuanto a dilación de los pagos. De menor a mayor morosidad, se ven grandes diferencias entre los países nórdicos, centroeuropa y los estados del sur. Barón ha señalado que es un «problema de cultura que tiene que acabar». Un dato «curioso» es que España es el único país de la UE que tiene un mejor comportamiento con sus acreedores en el exterior que dentro de sus fronteras.

La Directiva europea 2011/7 obligará a todas las administraciones públicas continentales a pagar sus facturas en un máximo de 30 días (y a las empresas en un plazo máximo de 60 días) a partir del 1 de enero de 2013.