RTVE: el «Ministerio» maldito

Perteneciente al grupo de los «paracaidistas», como los define el maestro Martín Ferrand, gestores ajenos al medio que llegan procedentes de otros ámbitos, Mónica Ridruejo se presentaba con un expediente internacional impecable, dispuesta a enderezar una nave enorme y ruinosa, un gigante con pies de política. A la quiebra técnica cabía añadir un importante desfase con las necesidades del cambiante mercado audiovisual. Ridruejo diseñó a toda velocidad un ambicioso plan de reestructuración, pero nunca fue capaz de ponerse de acuerdo con quien la había nombrado para llevarlo a cabo. Su anteproyecto de presupuestos fue rechazado y su plan de renovación quedó aparcado. Solo duró nueve meses.

Una vez fracasada la línea independiente, el Gobierno recurrió a Fernando López-Amor, ex concejal de Urbanismo y de Hacienda en Madrid y diputado del PP. Nada más llegar, se desentendió del plan renove de Ridruejo. Su tiempo en RTVE estuvo marcado por el enfrentamiento con las otras fuerzas políticas —se ausentó durante meses de los Consejos de Administración— y el progresivo endeudamiento. Que su estilo no convenció lo prueba el nuevo movimiento pendular del

Ejecutivo. En noviembre de 1998, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, anunciaba el nombramiento de un nuevo director general de «estricto perfil profesional».

Hijo único de un ministro de la UCD, Pío Cabanillas no venía de la política, sino de trabajar para Murdoch y el grupo Prisa. Soportó las mismas acusaciones que sus predecesores y también fue incapaz de manejar la deuda. Por aquella época, Rubalcaba se dedicaba a pedir la dimisión de su director de Informativos, González Ferrari. El ascenso posterior de Cabanillas a ministro portavoz de Aznar no ayudó a apuntalar su estela de independiente, pese al (semi)antecedente de Eduardo Sotillos con González.

Ex director de RNE y de los informativos de TVE, Ferrari tuvo éxitos de programación, como lanzar «Operación triunfo» y estrenar «Cuéntame cómo pasó». Por otro lado, durante su mandato, RTVE pasó a depender de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo que estudió un plan de viabilidad económica del ente, que arrastraba ya una deuda descomunal. Las mayores críticas obedecieron a la línea informativa. Su cobertura de la huelga general de junio de 2002 acabó con la primera sentencia judicial por manipulación sufrida por RTVE y el famoso «ceceo» de Alfredo Urdaci como rectificación en falso. Un mes después, González Ferrari fue relevado.

Con la reputación informativa en horas bajas, José Antonio Sánchez no cambió casi nada. Cumplió su «misión» y aguantó en el cargo hasta las elecciones generales de 2004, mientras llovían las críticas de la oposición. En abril de 2003, el PSOE presentó una Proposición no de ley para exigir su destitución por el supuesto incumplimiento del artículo 20 de la Constitución. Dejó que se le escapara Álvaro de la Riva, director de TVE y responsable de los últimos aciertos de programación de la cadena. Una de las

últimas acciones de Sánchez fue firmar la sustitución de Urdaci.

Al igual que Aznar, Zapatero empezó por nombrar a una mujer ajena al medio como responsable de RTVE. Su gestión quedó a expensas de otra decisión del presidente: el denominado «consejo de sabios» (formado por lo general por personas aún menos conocedoras del medio; alguna ni siquiera tenía televisión) debía dar con la fórmula mágica para acabar con la deuda y el resto de males del ente. Caffarel afrontó además un ERE que supuso la salida de más de 4.000 trabajadores, entre ellos algunas de las caras más reconocibles de la casa. Tuvo alguna ocurrencia, como acabar con las tertulias en RNE «porque una radio pública debe informar y no crear opinión». Una vez aprobada la Ley de la Radio y la TV Estatal, sirvió de transición hasta la llegada de Fernández.

Buen conocedor del panorama audiovisual después de trabajar en medios tan diversos como la cadena Cope, el diario «El País», la Ser, Sogecable, Telemadrid y Telecinco, entre otros, Luis Fernández fue el primer dirigente de la Corporación elegido por consenso entre el PSOE y el PP. En un marco nuevo y justo después de un ERE, fue criticado por su política de contrataciones externas a empresas «afines» y por fichar directivos del sector privado. Entre otros problemas menores, mientras se reavivaban las críticas por manipulación, la omisión del himno en la final de Copa del Rey de fútbol supuso más de una destitución en el área de Deportes.

Segundo presidente por consenso, Oliart fue nombrado por sorpresa con más de ochenta años de edad (en la cadena habían prejubilado a casi todos los mayores de cincuenta). Según la oposición, «dilapidó su prestigio en unos meses». No supo atajar el problema de las contrataciones externas, que llegaron a enfrentarlo al Consejo de Administración, que tampoco aprobó sus planes para vender

retransmisiones deportivas como medida de ahorro. Mientras las cuentas económicas seguían sin salir, el escándalo del contrato a la empresa administrada por su hijo fue el impulso definitivo para que presentara la dimisión, sumiendo a la cadena en una etapa de desconcierto y difícil gobernabilidad hasta las elecciones.