El triste récord de Albert y Roque

En todo este tiempo España, con menos experiencia que países como Francia o Alemania en misiones de este tipo, ha tenido que enfrentarse a una situación inédita. Cercano en el tiempo y en el espacio pero de perfil diferente, el secuestro del pesquero "Alakrana" por parte de piratas somalíes pocos días antes de que los tres voluntarios españoles cayeran en manos de los yihadistas sirvió de experiencia.

¿Cómo hacer volver a casa a los secuestrados sin dar la impresión de que se claudicaba ante el pulso que plantea a Occidente la franquicia de Bin Laden en el norte de África? Mientras en Madrid el Ejecutivo insistía en que no se negociaba con los terroristas, sobre el terreno la realidad era bien distinta. " De aquí nadie sale vivo gratis ", repetían en Malí fuentes que conocen la manera de actuar de Al Qaida del Magreb Islámico (AQMI), que reivindicó el secuestro el 8 de diciembre.

Antes de esa fecha y rendido a la evidencia sin esperar al comunicado, el Gobierno adoptó como manual la prudencia y la discreción. Exigió silencio sepulcral a la diplomacia y puso en marcha una célula integrada por miembros de los servicios secretos que, en algunos casos, han pasado meses viajando de manera ininterrumpida por países africanos en los que nunca antes habían puesto el pie. Los contactos para tratar de poner fin al cautiverio estaban en marcha, eso sí, con la ayuda imprescindible de líderes locales y especialistas en resolver secuestros en la región.

Mientras tanto, en España, desde el principio se han mantenido los flujos de información mucho más restringidos que durante la resolución del secuestro del atunero vasco. Pero al mismo tiempo se ha tratado de cuidar a las familias de los rehenes manteniéndolas lo más arropadas e informadas que ha sido posible tanto por integrantes del Gobierno como por miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Como contrapartida, éstas se han mantenido al margen de apariciones y declaraciones públicas.

Los más allegados a los rehenes han estado más al día de las acciones que se llevaban a cabo que incluso aquellos que, para mantener vivo el recuerdo de los rehenes y alimentar el interés general, hacían declaraciones a los medios de comunicación como los miembros de la ONG Barcelona Acciò Solidaria, de cuya caravana formaban parte Albert, Roque y Alicia. Cada miércoles los recordaban en una concentración en la Ciudad Condal.

El objetivo de tanta discreción estaba claro: no entorpecer los contactos y negociaciones, no poner nerviosos a los terroristas y mantener abiertos los canales que hacían posible realizar algunos envíos a los secuestrados con medicinas y algo de ropa.

Por eso chocó tanto que, coincidiendo con la liberación de Alicia Gámez el 10 de marzo, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que ese mismo día había visitado en Barcelona a las familias, sacara a la luz en la cadena Ser la existencia de pruebas de vida como vídeos, llamadas telefónicas, cartas y fotos de las que hasta entonces no se tenía noticia.

Aunque se olvidaron pronto, aquellas declaraciones causaron cierta contrariedad entre familiares de los secuestrados, miembros de Barcelona-Acció Solidaria e incluso entre algunos hombres de los servicios de inteligencia que se afanaban por traer a casa a los rehenes. En ningún caso se rompió sin embargo el acuerdo tácito de mantener la discreción como libro de cabecera.

"No ha habido ningún pago" para liberar a Gámez, dijo De la Vega en la línea del resto de mandatarios de países occidentales que han logrado traer a casa a rehenes en los últimos años. No hay pruebas del pago de rescate, pero sus palabras son sistemáticamente puestas en duda por especialistas en yihadismo en Mauritania y Malí.

Gámez, que mantiene silencio desde que llegó a Barcelona y se dirigió a los periodistas de manera breve y discreta en el aeropuerto, fue liberada en gran medida gracias a la mediación de Mustafa Uld Limam Chafi, asesor del presidente de Burkina Faso. "¿Cómo se encuentra Alicia?", llegó a preguntar semanas después a alguno de sus interlocutores españoles.

Chafi es un hombre con amplios contactos con las tribus y las autoridades de la zona que ya había logrado liberar de Al Qaida a dos canadienses en 2009. Es otro amante de la discreción y de esa manera continuó trabajando en la región para poner fin al cautiverio de Vilalta y Pascual.

Se multiplicaban las gestiones mientras se trataba de poner coto a la desesperanza, pues de los seis rehenes occidentales de Al Qaida del Magreb Islámico sólo ellos dos seguían en manos de los terroristas.

Además de Gámez también habían regresado a casa el francés Pierre Camatte, secuestrado en noviembre en Malí y canjeado a finales de febrero por cuatro terroristas encarcelados en ese país, y los italianos Sergio Cicala y Philomene Kabouré, secuestrados a mediados de diciembre al sur de Mauritania y puestos en libertad el 16 de abril en Malí.

Cuatro días después la banda secuestró en Níger al francés Michel Germaneau, de 78 años. Militares franceses, ayudados por tropas mauritanas, trataron de rescatarlo en la madrugada del 22 de julio. Murieron siete terroristas, pero en el campamento de Al Qaida atacado no se hallaba Germaneau. La banda anunció tres días después que lo había degollado.

La operación francesa volvió a plantear dudas sobre la liberación de los españoles, pero la "kátiba" (célula) que asesinó al francés y que ya había matado el año pasado a un rehén británico tiene al frente a un terrorista llamado Abú Zeid considerado más despiadado que Mojtar Belmojtar, que mantenía a Vilalta y Pascual. También las diferencias entre células de la misma banda están a la orden del día en el desierto del Sahel. De la misma forma, la manera de actuar española, totalmente contraria al empleo de la fuerza, ha sido muy distinta de la francesa en todos estos meses.

La operación para tratar de rescatar a Germaneau coincidió con el juicio en Nuakchot del conocido como Omar Saharaui, el mercenario al que AQMI encargó el secuestro de los tres españoles. La condena a doce años de prisión y trabajos forzosos y su extradición a mediados de agosto a Malí resultó ser una tapadera. Saharaui se había convertido en la moneda de cambio exigida por los terroristas para dejar libres a Vilalta y Pascual, cuyo secuestro ha superado en un par de semanas al más largo perpetrado hasta ahora por Al Qaida en el norte de África.