El «problema perpetuo» del Estatuto catalán

Desde entonces y hasta hoy, pasando por la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado –que aseguró que «la Constitución no conoce otra Nación que la española» –, el debate siempre ha estado ahí, como ya quedó claro en las palabras en el Congreso de Josep Antoni Duran i Lleida con motivo de dicha sentencia en abril de 2o12: «Ha sido el motivo más separador en los últimos 35 años».

Esas diferencias en torno al término «nación» y al Estatuto, que aún hoy en día siguen generando debate , son, sin embargo, más antiguas. Ya en 1919, el conflicto de intereses entre el Gobierno catalán y el Gobierno español pusieron freno al primer proyecto de Estatuto, que, a pesar de haber sido aprobado por la Mancomunidad de Cataluña y votado a favor por más del 98% de los ciudadanos consultados, fue descartado por Miguel Primo de Rivera tras el golpe de Estado de 1923.

En la Cortes Constituyentes de 1931, en la Segunda República, volvieron a sumergirse en el debate sobre la organización nacional, las autonomías y el nuevo estatuto, que fue redactado en el valle de Nuria (Gerona).

El proyecto otorgaba a la comunidad un amplio autogobierno y, esta vez sí, tuvo éxito: fue aprobado en referéndum por más del 99% de los votantes y, más tarde, por las Cortes españolas con 314 a favor y 24 en contra.

Pero los enfrentamientos no tardaron en llegar. Para los catalanistas, aquel primer Estatuto rebajaba las pretensiones originales del proyecto, que en vez de declarar que «Cataluña era un Estado autónomo dentro de la República española», establecía que «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español». Aún así, estaban convencidos de que era un paso importante para la «emancipación de su patria». Entre los partidarios del Estado unitario, en cambio, provocó una profunda alarma, pues creían que España se desintegraba.

ABC aseguraba que Niceto Alcalá Zamora , el presidente de la República, había traicionado sus propios principios otorgándole a Cataluña tantos poderes, ya que, según podía leerse , en 1912 éste no sólo se oponía a que en España hubiera más de un Estado, sino que se oponía a la creación de la propia Mancomunidad.

Con la llegada de los radicales al Gobierno de la República en 1933, se originaron nuevos conflictos y declaraciones de inconstitucionalidad de alguna de las leyes aprobadas por la Generalitat, lo que provocó que el Estatuto fuera suspendido por tres años. Y aunque fue restaurado de nuevo por el Frente Popular en 1936, duró poco. Franco , basándose en su visión unitaria de España, suprimía inmediatamente la Generalitat y el Estatuto.

Bajo los últimos años del franquismo, los autonomismos renacieron con fuerza , evitando que el Caudillo pudiera realizar su sueño de uniformización nacional y sumisión total al centralismo madrileño. En consecuencia, la Generalitat se reinstauraba de nuevo en 1977, formándose la « Comisión de los veinte », encargada de redactar un nuevo Estatuto.

«Tanto el referéndum del Estatuto de 1932, como el de 1979, tienen en común que el pueblo catalán demuestra que desea autogobernarse», dijo Josep Tarradellas , inmediatamente después de que haber sido aprobado el texto por un 88% de los votos. El primer presidente de la Generalitat obviaba, sin embargo, que la abstención había superado el 40%.

Y en 2003, tras la investidura de Maragall como presidente de la Generalitat, un nuevo estatuto volvía a centrar debate. Zapatero, por entonces candidato a la presidencia, prometía que apoyaría el nuevo texto que aprobara el Parlamento de Cataluña.

El primer artículo, que proclamaba que «Cataluña es una nación», fue aprobado en 2005 con el aval de todos los partidos catalanes a excepción del Partido Popular, que quería definir a la comunidad autónoma como «nacionalidad» y no como «nación». El problema de la concepción de Cataluña seguía, al igual que hoy, en el centro de la discusión.

Con algunas diferencias sustanciales, sobre todo en lo referente a la financiación, el texto fue aprobado finalmente en el Congreso en 2006, con 189 diputados a favor y 154 en contra. Muy lejos de aquella proporción de 314-24 de 1932.

El PP presentaba entonces un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto en el TC, porque, según afirmaban sus dirigentes, se trataba de una «Constitución paralela». Un recurso basado, sobre todo y una vez más, en «el empleo del término nación, pues la única nación prevista en la Constitución es España».

La sentencia del TC del año pasado que aseguraba que «Cataluña no es una nación» nos devolvía de nuevo el «problema perpetuo» del que hablaba Ortega y Gasset en 1932. Hasta cuándo, nadie lo sabe.