Hacienda: ¿es legal revisar los perfiles de nuestra cuenta de redes sociales por posibles fraudes?

La medida propuesta por el ministerio de Hacienda, a la que ha tenido acceso el diario ABC, servirá para convertir internet en un foco de investigación de posibles irregularidades fiscales por parte de los contribuyentes. Pero esos datos deberán ser los compartidos de forma pública por los usuarios, pero se topará con algunos escollos legales, según expertos en derecho de nuevas tecnologías. La idea es convertir a este tipo de platafomas en un nuevo «chivato» de defraudadores.

El ámbito de las redes sociales, por lo general, la marcan las condiciones de uso establecidas por las compañías tecnológicas. Facebook y Twitter son restrictivos en este asunto. Sin embargo, la condición de este tipo de herramientas tan popularizadas en la actualidad da pie a la creación de perfiles anónimos y falsos que, unido a la posibilidad de ejercer el humor de manera recurrente, puede dificultar la posibilidad de cerciorarse de la existencia del posible defraudador. «Veo un posible incompatibilidad [de la medida de Hacienda] porque habría que demostrar que realmente es esa persona quien está detrás de esos perfiles», señala a este diario Joaquín Muñoz, abogado del despacho Abanlex .

La idea para ejercer el control tributario se abre a consultar los datos de información pública, ya que sólo podría acceder a la conexión de los ordenadores o utilizar datos exclusivos en perfiles de redes sociales mediante autorización judicial. El resto de datos no estarán a disposición de Hacienda. La Ley de Protección de Datos no contempla a las redes sociales como fuente accesible al público, por lo que los expertos creen que para poder utilizar los datos de un determinado usuario sin su consentimiento es necesario «tomarlo de fuentes accesibles al público, pero una red social no se puede considerar accesible al público», apunta.

El principal escollo de esta medida -explica- está en que demostrar que la persona que hay detrás de un determinado perfil sea realmente quién la agencia vigila por un posible fraude fiscal. «Siempre que Hacienda quiera utilizar cualquier información en un juicio deberá contar con autorización judicial para solicitar a la plataforma los datos del usuario», matiza. Por tanto, la propuesta abre la puerta a tender puentes y estrechar las relaciones de las instituciones públicas con las empresas tecnológicas desarrolladoras de estas redes sociales a fin de detectar los datos del posible defraudador.

Pese a todo, los expertos creen que sí puede servir este tipo de actuaciones vigilantes para «poner en indicio» sobre un caso de fraude. «No veo de lo que va a servir saber los contactos de una persona, ya que solemos seguir seguir a gente que ni siquiera conocemos personalmente. El hecho de que tengas como contacto a determinadas personas o sigamos a un posible delincuente no implica que se tenga una relación directa y personal con ellas».

Este experto apunta que estas medidas que valora la Agencia Tributaria tienen que ser proporcionales entre lo que están intentando conseguir y la intimidad. En cualquier caso -dice- podría inventarse un perfil falso para llegar a obtener información y tampoco estaría justificado «vigilar a todo el mundo». Podría darse el caso, ejemplifica, que una persona diga abiertamente y en tono jocoso que «hoy he pagado en negro», pero eso no implicaría ni validez legal ni que sea realmente cierto.