Derecho al olvido: «Si no te borramos de internet, te devolvemos el dinero»

Los recursos extrajudiciales —un simple aviso para que se borre cierta información—, los judiciales o incluso los medios técnicos —como la creación de nuevos contenidos para que la información perjudicial no aparezca hasta la quinta página de resultados del buscador— son algunas de las herramientas que utilizan estas empresas.

«Nosotros tenemos un código ético en el que hay ciertos asuntos que no queremos coger. Casos que creemos que la gente debe poder encontrarlos y enterarse». Son esos en los que el derecho a la intimidad o a la privacidad no se ve envuelto. «Se trata de personas que han cometido un delito muy grave y consideramos que la gente debe saberlo, pero la mayoría de los casos no son así», dice. Los ciudadanos anónimos que se ven afectados por informaciones que permanecen en internet son muchos .

Uno de estos casos comenzó cuando una menor de tan solo 11 años empezaba a manejarse en internet. Nada que ningún joven no sepa hoy: redes sociales, páginas de entretenimiento, buscadores... Y la curiosidad, cómo no, le llevó a introducir el nombre de sus familiares más directos en Google . Hasta que metió el de su abuelo y los resultados la alarmaron. No entendía todo lo que ponía, pero sí ciertas palabras: impago, desahucio. Era información de los años 80 que había sido publicada en diversos boletines después de que su abuelo tuviera algunos problemas con la Agencia Tributaria . Aunque el problema ya se había resuelto, seguía apareciendo en posiciones destacadas del buscador. Y la niña comenzó a hacer preguntas incómodas.

«La gente no sabía que se podía eliminar la información»Este es solo uno de los casos que en ePrivacidad, empresa dedicada al borrado de información de internet, se ha encontrado en los últimos años. Ha sido un goteo de unas 7 u 8 peticiones diarias hasta que se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) , que obligaba a Google a eliminar de la lista de resultados los enlaces de páginas web que contengan información relativa a una persona si el afectado lo solicita. En cinco días, y tras la avalancha de información en los medios, la empresa ha pasado a tener unas 300-400 peticiones. «La gente sabía que había información sobre ellos que querían eliminar, pero no sabían que eso se podía hacer», explica.

Quién no se ha encontrado alguna vez con algún contenido que no quisiera borrar . La facilidad de meter un nombre en un buscador y mirar los resultados es tal que incluso ha surgido una nueva problemática entre los jóvenes: a la hora de buscar trabajo, los entrevistadores incluyen preguntas acerca de sus multas de tráfico o algún otro problema legal surgido en años anteriores. «Vamos, que por motivos diversos tienen problemas para encontrar trabajo y quieren eliminar esas referencias», dice Parra. Pero hay situaciones aún más delicadas. Según cuenta Javier Álvarez, abogado miembro de borrarmisdatos.es , están en auge los casos en los que aparecen fotografías íntimas hechas para —o con— una pareja y son publicadas una vez se ha acabado la relación.

¿Cuánto puede tardar esa información en estar fuera de circulación ? Todo depende. Desde en el mismo día, si es un solo enlace y un caso «fácil», hasta nunca. «Si el servidor está fuera de la Unión Europea o en servidores que estén en el este, hay veces que no lo conseguimos nunca, pero dentro de la Unión Europea suele ser relativamente rápido», cuenta Álvarez.

La sentencia del TJUE ha sido clave en este sentido, ya que existían muchos casos que habían recurrido a la vía judicial y que se encontraban paralizados a la espera de la sentencia. Pero también ha abierto un debate: ¿Podrían los políticos beneficiarse de esto?

Ya antes de la sentencia, diversos políticos habían recurrido a estos servicios: «Hemos recibido peticiones de políticos que consideraban que determinada información les perjudicaba, pero ante esto la negativa es inmediata. La jurisprudencia viene a decir que el interés público prevalece», dice Álvarez, cuya empresa se centra en las vías judiciales.

«En el caso de los políticos, creamos nuevos contenidos en internet y los posicionamos»Samuel Parra coincide: «En el caso de los políticos la información es prácticamente imborrable. En estas ocasiones, nosotros creamos nuevos contenidos en internet y los posicionamos por encima del contenido que ellos quieren eliminar y que suele aparecer en los primeros resultados del buscador. De esta manera, cuando buscas su nombre, te van a aparecer dos o tres páginas del buscador con contenido creado por nosotros. Te tienes que ir muy lejos para encontrar algo diferente».

Pero Diego Sánchez, presidente de Eliminalia , una empresa de borrado de datos especializada en políticos y empresas, es radicalmente opuesto. «No se puede hacer así. Nos ha llegado gente llorando por ese problema. Google es un buscador muy potente y es muy difícil engañarlo», dice. «Nosotros garantizamos el borrado bajo notario, y si los contenidos no se borran devolvemos el dinero», llega a asegurar.

El año pasado, 220 politicos y 7 entidades bancarias nacionales e internacionales recurrieron a su empresa. Entre la información que querían hacer desaparecer se incluye la dirección de familiares, su teléfono particular o el nombre de la escuela de sus hijos. Datos que prefieren mantener en su ámbito privado. Pero también había artículos periodísticos publicados con «un titular desafortunado» o una sentencia desfavorable. «También algunos tienen negocios privados que no interesa que se sepan o que se pueden malinterpretar».

Aunque Sánchez no revela sus métodos de «borrado», explica que en el ámbito interno de la empresa funcionan con empleados situados «en dos fronteras». «Sabemos a qué tipo de empleado le podemos pedir algo y al que no». Si, por ejemplo, uno de ellos se ha visto perjudicado por la estafa de las preferentes y una entidad bancaria recurre a sus servicios para que eliminen cierta información al respecto, no será a ese empleado a quien le pidan que lo haga.

«También ha habido casos que no hemos querido coger, de gente que se ve que es mala y sobre la que borrar esa información significa que esa persona vuelva a hacer lo mismo, como un estafador. Si borras su información, puede volver a hacer lo mismo», explica Sánchez.

«Solo se le ha dicho a Google que aplique nuestra política de protección de datos»Sin embargo, no todas las empresas piensan igual, como en el caso de borrarmisdatos.es o ePrivacidad, en donde aseguran que en esos casos el borrado es ilegal. Además, Samuel Parra explica que la nueva sentencia no se lo pone más fácil a los políticos. «Lo único que se ha hecho es decirle a Google que aplique nuestra política de protección de datos, pero ese derecho tiene muchos límites y a un político, por su relevancia pública, jamás se le va a conceder». Ni siquiera ocurriría con las personas anónimas que han cometido delitos salvo que hayan cumplido la pena y les hayan cancelado los antecedentes, dice.

La prueba de que en ningún caso la sentencia es una «barra libre», según el experto, es que el año pasado la Agencia de Protección de Datos redujo hasta en un 50% el número de estimaciones de tutela para casos de borrado de información de buscadores. «Antes, en 2010, la gente acudía porque el buscador no eliminaba algo y la Agencia casi siempre lo estimaba. Pero en 2013 cambió su criterio», asegura. «No se puede transmitir la idea de que esto va a ser la puerta abierta a corruptos, asesinos y violadores para desaparecer de internet».