El «derecho al olvido» en EE.UU. es una limitación a la libertad de expresión
El director del lobby de la compañías de Internet en Bruselas considera que la decisión de la Justicia europea «abre la puerta a la censura privada a gran escala»
En general, el ‘derecho al olvido’ se toma en EE.UU. como una limitación a la libertad de expresión. En este país, la amplia interpretación que se hace de la Primera Enmienda a la Constitución –la que consagra la libertad de expresión- dificulta que la Administración o los tribunales permitan que los usuarios exijan a las compañías de Internet a que borren contenidos personales. Ya en 2012, el profesor de Derecho de la Universidad George Washington aseguró en ‘Stanford Law Review’ que el ‘derecho al olvido’ sería “la mayor amenaza a la libertad de expresión en Internet en la próxima década”.
La decisión de la Unión Europea “abre la puerta a la censura privada a gran escala en Europa”, según dijo ayer James Waterworth, el director del lobby de la compañías de Internet en Bruselas. Lo cierto es que, en EE.UU., la Administración ha dado el visto bueno a este argumento y se ha lavado las manos en el asunto, dictando recomendaciones sobre cómo gestionar el contenido privado, pero favoreciendo la autorregulación en el sector.
Según Joel Reidenberg, profesor de Derecho de Fordham University, es muy probable que los tribunales estadounidenses trataran el asunto de forma muy distinta a la corte europea, basándose en el tenor de la Ley de Telecomunicaciones, que daría a empresas como Google inmunidad sobre la responsabilidad del contenido en su servicio. “Según la legislación actual en EE.UU., Google no sería responsable”, aseguró ayer a ‘US Today’.
Recientemente, la Casa Blanca elaboró un informe sobre los conflictos en la recolección de información privada por parte de las grandes corporaciones. Las únicas recomendaciones al respecto se refería a situaciones relacionadas con crímenes, como las investigaciones gubernamentales que requieren el acceso a información privada o la pérdida de bases de datos privadas por parte de empresas. Pero en ningún caso se planteaba formular leyes al respecto.
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