La mina de uranio que divide a España y Portugal

El motivo de tanta polémica se debe a que el «negocio» en cuestión consiste en la apertura de una mina de uranio a cielo abierto que ocuparía varias centenares de hectáreas en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes. La energía nuclear no está precisamente de moda y la alerta generalizada sobre los efectos de la radioactividad, nunca lo han estado. Son esos riesgos sobre la salud de las personas del entorno, pero también del medio ambiente, que niegan desde la empresa australiana Berkeley , los que han unido a todos los partidos de izquierdas, ayuntamientos del entorno, organizaciones agrarias y ecologistas en una campaña cada vez más insistente y agresiva en contra de la discutida instalación.

Frente a la protesta cada vez más ruidosa y numerosa —como se pudo comprobar ayer en la manifestación de Salamanca— los ya propietarios de los terrenos esgrimen más de un centenar de permisos de instituciones de todo tipo para poder hacer realidad un proyecto «con todas las garantías y la máxima transparencia».

La pelea sobre la construcción de la mina de la discordia se antoja aún larga porque aún no cuenta con el visto bueno definitivo del Ministerio de Industria, que se basará en el pronunciamiento -el segundo- del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El proyecto también pende del recurso que estudia la Audiencia Nacional sobre alguno de las autorizaciones concedidas, de una investigación abierta por Europa —que en su día dio el visto bueno— a petición de Podemos. A todo lo anterior se ha sumado ahora el recelo de Portugal. Su ministro de Ambiente ya ha pedido una cita con la ministra Isabel García Tejerina y cuestiona ya que se haya cumplido el protocolo para las iniciativa que pueden «tocar» —por la escasa distancia de la mina—_a las fronteras de otros países.

Fue en 2007 cuando comenzó el interés de la firma por el uranio de Salamanca tras comprobar a través de unos estudios geológicos de la riqueza y del potencial del terreno para extraer el mineral. Habían pasado ya cuatro años desde que se cerrara la última instalación de este tipo en España y los «aussie» apretaron fuerte desde el principio. La redacción del proyecto presentado convenció pronto a las autoridades. Así, la Junta de Castilla y León aprobó en 2013 la declaración de impacto ambiental, el CSN emitió ese mismo año un informa favorable en materia de protección radiológica y, poco después, la Comisión Europea también avalaba el proyecto . Sin embargo, el rechazo político y social también comenzaba a hacerse patente en esas fechas. Como ejemplo, el Ayuntamiento de Retortillo llegó a pedir un referéndum para que sus vecinos se pronunciaran sobre el proyecto que fue denegado por el Gobierno en Consejo de Ministros.

Pese a las autorizaciones clave que restan, la empresa considera que «la mina ya es una realidad» y recuerdan que ya han invertido más de 70 millones de euros y hay 70 personas trabajando en la actualidad, de las que 40 proceden de los municipios del entorno. De momento, según trasladan a ABC , ya se han construido las oficinas administrativas y el almacén de muestras, se ha iniciado la construcción de la variante a la carretera existente para poder liberar espacio para las instalaciones mineras, se ha hecho más del 90% del cierre perimetral de la explotación, y comprado más de 600 hectáreas (más de 90 parcelas) de terreno «bajo acuerdos amistosos con sus propietarios». Más lenta —y con dificultades— va la expropiación de otros suelos ocupados principalmente por ganaderos.

También se ha acometido la «necesaria» tala de 2.000 encinas, que esta siendo investigada por un juzgado de Salamanca después de una denuncia en la que se acusa a la firma de haber cortado los árboles sin la licencia ambiental y urbanística municipal que consideran necesaria. Esta acusación se rechaza desde la empresa, que afirma que «cuando el proyecto de la mina termine, tenemos el compromiso de restaurar la topografía original plantando la misma densidad de arbolado y cien hectáreas adicionales».

Pese a las protestas de distintos colectivos, el director general de Berkeley Minera España, Francisco Bellón , asegura que «hay una inmensa mayoría de personas a favor de la mina en la comunidad local», por lo que concluye que «la respuesta social es abrumadoramente positiva». Además, Bellón está «seguro» de que tanto el fallo de la Audiencia Nacional como el informe del CSN «será favorable al proyecto».

No piensa igual Felipe Yuste , portavoz de la coordinadora contra la mina constituida hace unos meses y que engloba a numerosas asociaciones —la más activa hasta ahora era Stop Uranio—, que afirma que la empresa es «una mera inversora» que quiere «especular» y que «si consigue todos los permisos venderá el negocio». Confiado en que la mina no se abrirá, considera que la Junta de Castilla y León «metió la pata» al dar el visto bueno a la declaración de impacto «sin tener en cuenta que se debe construir una planta de fabricación de concentrados de uranio y la de almacenamiento de residuos». Según denuncia, ambos aspectos «fueron camuflados» en el proyecto inicial de la empresa.

Además de cuestionar «los intereses» de los diferentes responsables políticos que han tomado decisiones en este caso —entre los que cita al exministro Arias Cañete— rechaza todos los argumentos de la empresa. En cuanto al empleo, cree que «se van a destruir más de los que se crean» y cita, como ejemplo, «el cierre» al que, según él, se condena a un balneario que data de la época romana y que da empleo a 65 personas. Además, recuerda que es un proyecto «para solo diez años».

Medioambientalmente recuerda que el proyecto se quiere desarrolla en una zona protegida Red Natura 2000, que además se encuentra incluida dentro del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra de Castilla y León. Además, parte del paisaje está protegido por las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) en las riberas de los ríos Huebra y Yeltes; así como, LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).