Francina Armengol
Francina Armengol - JOAN LLADO

El Gobierno balear arrinconará aún más el castellano en la Administración autonómica

El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol prevé modificar, al alza, un antiguo decreto de 1990 en el que ya se priorizaba el uso del catalán en toda la Comunidad

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El Gobierno balear está tramitando en estos momentos un proyecto de decreto sobre el uso de las lenguas oficiales en la Administración de la Comunidad, que prevé de manera explícita o implícita diversas medidas en favor del catalán y en detrimento del castellano. Según ha avanzado este domingo el diario «Última Hora» y ha podido confirmar ABC, el futuro decreto modificará un documento previo aprobado en 1990 por el Ejecutivo que en aquel momento presidía el popular Gabriel Cañellas. La consejera de Cultura de Cañellas en aquellas fechas era Maria Antònia Munar, de Unió Mallorquina.

Ya entonces, hace 28 años, se estableció que la lengua catalana sería el idioma preferente de uso en la Administración, tanto a nivel oral como escrito. El proyecto que actualmente está en fase de tramitación mantiene la mayoría de las medidas aprobadas en 1990, al mismo tiempo que modifica también algunas de dichas medidas y prevé la aplicación de otras nuevas. La fase de exposición pública del anteproyecto acabó el pasado 9 de enero y ahora se están estudiando las alegaciones presentadas. Esta nueva iniciativa ha partido de la Consejería de Cultura, que dirige la ecosoberanista próxima a MÉS Fanny Tur. En la presente legislatura la presidenta de la Comunidad es la socialista Francina Armengol, que cuenta con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca.

La principal novedad del nuevo decreto es, por ahora, que el Gobierno balear quiere que todas las entidades que estén financiadas con fondos de la Comunidad utilicen el catalán como lengua de expresión. Así, los consejeros de cada departamento deberán impulsar las medidas necesarias para que las corporaciones de derecho público, las federaciones deportivas y las entidades financiadas parcial o totalmente con fondos públicos apliquen de forma progresiva las medidas contenidas en el mencionado decreto. La futura norma implicará, de facto, que el castellano se vea aún un poco más arrinconado en la Administración de Baleares.

Medidas antiguas y nuevas

El decreto originario de 1990 ya establecía, en cualquier caso, que «de una manera general» la Administración tenía que «emplear el catalán para sus relaciones». Así, desde hace casi tres décadas, todos los documentos y comunicaciones del Govern se redactan en catalán, si bien los contribuyentes pueden recibir notificaciones en castellano si previamente así lo han solicitado. En ese contexto, se garantiza también el derecho de los ciudadanos a poder presentar escritos o documentos igualmente en castellano. A nivel oral, los funcionarios suelen expresarse inicialmente siempre en catalán cuando empiezan a atender a una persona, sin perjuicio de que puedan cambiar de idioma si dicha persona así lo pide.

El nuevo decreto autonómico mantendrá, en principio, otras medidas que siguen todavía hoy en vigor, como por ejemplo la obligación de que la rotulación interna y externa sea sólo en catalán. Además, la publicidad institucional se deberá continuar emitiendo en dicho idioma, que será el que seguirá usándose en todos los programas de radio y de televisión patrocinados por la Comunidad.

Entre las novedades del futuro documento cabe destacar, además de la ya citada, la creación de la Comisión Interdepartamental de Política Lingüística, que velará por el correcto cumplimiento del nuevo decreto y coordinará las actuaciones de fomento del catalán en las distintas áreas. Además, se actualiza y amplía una exigencia implantada por Munar pero no siempre cumplida, la de que los altos cargos autonómicos se expresen normalmente en catalán. En la actualidad, hay consejeros y directores generales del Govern que por regla general hablan en castellano.

Una legislatura polémica

Cabe recordar, en ese contexto, que la actual legislatura está siendo especialmente polémica en materia lingüística, no sólo entre el Gobierno balear y los dos principales partidos de la oposición, el PP y Cs, sino también a veces en el seno del propio Ejecutivo de Armengol. Así, el PSOE balear y MÉS por Mallorca están evidenciando estos días de nuevo sus recurrentes discrepancias con respecto al futuro decreto autonómico que regulará el conocimiento de catalán que se exigirá a los médicos y enfermeros que deseen trabajar en la sanidad pública. Desde la Consejería de Salud, que está en manos de los socialistas, se aboga hoy mayoritariamente por flexibilizar un poco las condiciones fijadas en el borrador del citado decreto, mientras que los ecosoberanistas quieren que dicho documento se apruebe lo antes posible y que además entre en vigor sin cambios.

Por otro lado, en marzo de 2016 el Parlamento balear había aprobado ya una modificación puntual de la Ley de la Función Pública, para que el catalán volviera a ser un requisito, en lugar de sólo un mérito, para poder ser funcionario en la Comunidad. Votaron a favor de la citada modificación el PSOE, MÉS —por Mallorca y por Menorca— y Podemos. El partido nacionalista Proposta per les Illes (PI) también se pronunció favorablemente, mientras que el PP y Cs votaron en contra.

Al inicio de la actual legislatura, el Ejecutivo de Armengol derogó además el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), aprobado en el pasado mandato por el anterior presidente autonómico, el popular José Ramón Bauzá. El citado decreto, muy controvertido, preveía la implantación progresiva de un sistema de enseñanza trilingüe en los colegios. El TIL iba a suponer en la práctica el fin de la inmersión lingüística en catalán, sistema que ahora vuelve a estar vigente en los centros educativos de la Comunidad.