Los andaluces prefieren Cáritas a los servicios sociales

Durante 2013 un 21,8 por ciento (un 19,9% en España) de las familias expulsadas del Estado del bienestar, en torno a 600.000 personas, llamaron a las puertas de las diferentes Cáritas diocesanas o parroquiales. El 21,5 por ciento, en cambio, buscaron socorro en la red de seguridad pública (servicios municipales, de las diputaciones, consejos comarcales y autonómicos).

Esta situación «preocupa mucho» a esta entidad, donde están acostumbrados a fajarse a diario con aquellos que sufren estrecheces económicas y carencias materiales. «Significa que estamos cumpliendo una función que no debemos cumplir de manera permanente», advirtió ayer, durante la presentación del informe, el sociólogo Guillermo Fernández Maíllo, uno de los 90 investigadores que han participado en el análisis, que es el resultado de siete años de trabajo.

Además de poner al descubierto la debilidad de un modelo de protección social incapaz de ejercer su misión principal, el diagnóstico de Cáritas, que se basa en 8.800 encuestas en el conjunto del Estado (650 en Andalucía), ofrece un retrato demoledor del impacto de la crisis, que ha empobrecido a las clases medias y hecho crecer la brecha entre ricos y pobres.

En Andalucía, una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España -solo la superan las Islas Canarias o la Comunidad Valenciana-, el 25,2 por ciento de la población, que aglutina a 2,1 millones de personas y 697.000 hogares, sufren privaciones. En la mitad de estas familias viven menores.

Pero el panorama aún pinta más negro para los 1,1 millones de andaluces (334.000 hogares) que el informe Foessa encuadra dentro de la denominada «exclusión social severa». Un pozo de marginalidad donde están atrapados el 13,1 por ciento de los andaluces sin trabajo, sin sanidad, sin techo.

La sacudida de la crisis ha sido más intensa en este segmento de población en la Comunidad que la media nacional (10,9%). «Aquí debería focalizarse la atención» de las administraciones, apunta el investigador, quien insistió en que la situación no es nueva. De hecho, dos de cada tres excluidos ya lo eran antes de que llegara la crisis.