Los documentos que probarían que Chevron ocultó el desastre de la Amazonía
Protesta de ecuatorianos en Nueva York contra la petrolera Chevron - afp
medio ambiente

Los documentos que probarían que Chevron ocultó el desastre de la Amazonía

Un tribunal de EE.UU. autoriza a Ecuador a usar los informes que la petrolera amparaba bajo la Doctrina de Protección del Trabajo del Abogado

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En su momento fue conocido como «el Chernobyl de la Amazonía». Y desde luego fue uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Basta ver el periplo judicial sostenido durante más de veinte años entre Ecuador y la petrolera Chevron en los tribunales de Estados Unidos, Ecuador e incluso en La Haya, y los casi 9.000 millones de dólares de indemnizaciones que se reclaman, para darse cuenta de que además del millar largo de vidas perdidas perdidas, irrecuperables, todavía hay mucho en juego.

Cuando en 1964 el Gobierno de Ecuador permitió a Texaco extraer crudo de la región norte de la Amazonía, nadie imaginaba las consecuencias que aquello iba a tener. La compañía estadounidense, absorbida en 2001 por Chevron, explotó entonces un territorio de alrededor de 1.500.000 de hectáreas de selva y los vertidos de sus pozos, 30 veces superiores a los del «Exxon Valdez» en Alaska, según los ecologistas, fueron desastrosos para las comunidades indígenas de la zona de Lago Agrio. Este mes de noviembre ha sido clave para que 30.000 afectados están un poco más cerca de que los tribunales resuelvan sus reclamaciones y las del Estado de Ecuador contra Chevron.

El laberinto judicial requiere de un exhaustivo mapa para orientarse. La demanda inicial se interpuso en 1993 en Estados Unidos, antes de pasar a los tribunales ecuatorianos. Desde entonces, el caso ha rodado por todas las instancias judiciales imaginables, hasta que la Corte Nacional de Justicia de ese país ratificó el pasado 12 de noviembre la condena por daño ambiental contra Chevron dictada en 2011 por la Corte provincial de Sucumbíos. Pero no solo ha deambulado este caso por los jueces ecuatorianos. En 2006, Chevron abrió también un litigio en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, y en 2011 otro en un Tribunal Federal de Nueva York tras conocerse la decisión de la Corte de Sucumbíos. Allí, interpuso una demanda por considerar que se orquestó un monumental fraude en su contra. Y la verdad es que resulta sorprendente el rosario de acusaciones y contraacusaciones que se han visto en estos veinte largos años. Ha habido denuncias por fabricar informes falsos y sin sustento científico, de hackear correos del propio presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y de pagar generosamente a jueces, por ambas partes, para que fallasen en una u otra dirección. Ni siquiera han faltado los carísimos lavados de imagen en televisión o las campañas nacionales de denuncia, como la de «Las manos sucias de Chevron», iniciada por el propio Rafael Correa, que no dudó en acudir a los pozos para introducir en ellos sus manos y sacarlas impregnadas de crudo.

Inicialmente, los fallos judiciales fueron favorables a la petrolera, Pero los reveses sufridos en los últimos días por Chevron han equilibrado la balanza, especialmente el de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, que la compañía se niega a acatar aduciendo que todo es un vergonzoso intento de exprimirla económicamente y que fue Petroecuador, la compañía estatal ecuatoriana, la que se hizo cargo de la explotación de los pozos desde 1993, y por tanto la que ha provocado la contaminación que hoy se aprecia en la región. También en el litigio de La Haya podría haber vuelcos tras la decisión de un tribunal estadounidense, este 19 de noviembre, de que Ecuador utilice en la Corte de Arbitraje unos documentos en poder del experto ambiental de Chevron, Bjorn Bjorkman, que probarían, según la Procuraduría General del Estado de Ecuador, que la petrolera intentó ocultar la contaminación causada. Ni siquiera en el proceso abierto en Nueva York le van mejor las cosas a Chevron porque su intento de utilizar unos correos del propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, y del asesor jurídico de la Presidencia, para probar que todo ha sido un fraude fue finalmente desestimado por considerarse irrelevantes, al margen de haber puesto en evidencia un delicado caso de espionaje que ha insuflado aún más energías al presidente ecuatoriano.