El Gobierno balear aprueba un decreto ley para que el modelo trilingüe se aplique ya el próximo curso

La decisión del Gobierno balear se ha tomado horas después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) había decidido, a través de sendos autos, suspender de forma cautelar -con un voto particular en contra- el inicio de la aplicación del citado decreto, al entender que el anexo del texto que fija el calendario para su progresiva implantación no siguió los procedimientos legales adecuados para ser considerado ahora como válido. En el mencionado decreto ley se toman en consideración todas las recomendaciones hechas por el TSJIB.

El pasado mes de junio, los sindicatos STEI y UGT presentaron sendos recursos en los que pedían que el decreto no se empezase a aplicar en este nuevo curso, al considerar que los maestros no habrían tenido tiempo de adaptarse aún a las exigencias del mismo, entre ellas la de contar de manera paulatina con un mayor conocimiento del idioma inglés.

La progresiva implantación del trilingüismo en el sistema de enseñanza supone, en la práctica, el fin de la inmersión lingüística y la derogación del llamado Decreto de Mínimos, que obligaba a los colegios a impartir en catalán al menos el 50 por cien de las clases de Primaria. Esta es una de las principales razones por las que una parte del profesorado del Archipiélago se ha venido oponiendo a esta iniciativa de Bauzá, al considerar que va en detrimento de la lengua catalana.

Con independencia del pronunciamiento del TSJIB y del decreto ley recien aprobado, de momento sigue adelante la convocatoria de huelga indefinida prevista a partir del 16 de septiembre, que cuenta con el apoyo de la Asamblea de Docentes y de los sindicatos STEI y CC OO. De no desconvocarse finalmente, se trataría del primer paro de estas características en la historia de la Comunidad. Los sindicatos UGT y ANPE han decidido, en cambio, no sumarse finalmente a este paro.

La huelga parece en estos momentos inevitable, salvo que desde la Consejería de Educación se decidiera de manera definitiva la retirada del decreto y la restitución de los directores de tres institutos de Menorca que fueron sancionados por su oposición a la nueva norma.