La demanda de prestaciones por dependencia toca techo

Durante la presentación del X Observatorio Estatal de la Dependencia, Ramírez explicó que en aquellas comunidades autónomas «donde se ha registrado un volumen de gestión razonable se puede decir que estamos llegando al techo de la demanda». «Por primera vez sabemos el número de dependientes que tenemos», explicó el director de esta asociación independiente que aglutina a los directores y gerentes de centros que prestan servicios sociales tanto públicos como concertados.

El ritmo de solicitudes durante los cuatro primeros años de la ley alcanzaban, según este estudio, un promedio mensual de más de 30.000, en el año 2011 apenas superó las 9.000 solicitudes y en el 2012 el promedio mensual bajó hasta las 2.500. Pese al dato, Ramírez puntualizó que en aquellas comunidades autónomas «donde no se han hecho bien las cosas» esta caída significa que «las personas dependientes no presentan solicitudes porque saben que no van a llegar nunca».

El documento también pone de manifiesto la «retirada del Gobierno central de la financiación» de la ley de Dependencia. «En 2012, la Administración General del Estado financia apenas el 21,4% del coste de atención del sistema. Para 2013 calculamos que no llegará ni al 20% cuando debería aportar el 50% del gasto».

El copago de los usuarios, la tercera pata de la financiación de esta ley, después de las comunidades autónomas, ha pasado del 10% en 2009 al 16% en 2012 (de los 317 millones de euros a los 1.051 millones). El de las comunidades es el que más ha aumentado; en total casi once puntos porcentuales, del 50,8 al 62,6%.

«Considerando los hachazos que el sistema está recibiendo, la obsesiva presión de las comunidades. para que reduzcan el gasto público en todos los servicios esenciales y la imposibilidad racional de costear con aportaciones de los usuarios todas esas reducciones, el Sistema de Atención a la Dependencia se está demoliendo por la parte económica desde la ceguera y la falacia de que esta es una política de gasto insostenible», denunció Ramirez, quien acusó al Gobierno de «demonizar a los dependientes filtrando» el informe del Tribunal de Cuentas , con el titular de que «30.000 dependientes fallecidos habían cobrado una prestación». «Es totalmente falso. Ese dinero nunca llegó a los familiares; fue enviado a las comunidades», apuntó.