Nuclenor cumple su amenaza y apaga Garoña como rechazo a las tasas

Durante años los grupos ecologistas han mostrado su oposición a la energía nuclear y reivindicado con diferentes acciones el cierre inmediato de la central, la más antigua de España, abierta en 1971. En este tiempo se ha debatido políticamente el mix energético, su impacto en el territorio y la defensa del millar de puestos de trabajo que propiciaba. Sin embargo, la última palabra ha sido empresarial y Nuclenor anunciaba la semana pasada su decisión -«revocable»- de iniciar anoche el proceso de desacoplamiento para vaciar el reactor y llevar todo el combustible a la piscina de la central.

De este modo, Nuclenor evita pagar el nuevo impuesto de sostenibilidad energética, que tiene que pasar el jueves todavía por el Congreso. La empresa considera que esta cifra supondría pérdidas que le llevarían a una situación concursal y confirma la «incertidumbre económica» alegada en el mes de septiembre para no presentar en tiempo y forma la solicitud de prórroga de actividad para Garoña cuando años antes había pedido una y otra vez seguir funcionando hasta 2019, una solicitud que concretó en 2006. Tres años después, el Consejo de Seguridad Nuclear emitió su informe favorable, con algunas indicaciones de mejora, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó su cierre en julio de 2013 a través de una orden ministerial. Nuclenor recurrió ese decreto ante los tribunales por considerarlo «arbitrario» y contó el apoyo de la administración regional y del PP e incluso Mariano Rajoy visitó personalmente la central. El futuro de Garoña se convirtió entonces en una de las claves de la campaña electoral en la provincia de Burgos, donde un millar de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, dependen de la central.

Con la llegada del PP al gobierno de la Nación, Rajoy cumplió su promesa y modificó la orden de cierre. Lo hizo en julio de este año, pero Nuclenor dejó pasar el plazo para solicitar una nueva prórroga de actividad para Garoña.

Días después de que los ecologistas brindaran con champán a las puertas de Garoña por el cierre de esta central, Nuclenor comunicaba oficialmente que no solicitaba la prórroga por la «incertidumbre regulatoria» concretada en la Ley de Medidas Fiscales.

Aunque ha ido dejando pasar los plazos oficiales, Nuclenor siempre ha dejado una puerta abierta a la continuidad de Garoña que, en su último comunicado, concretaba que pasa por la eliminación para la instalación burgalesa de este nuevo impuesto.

La central se situaba de este modo en el centro del pulso entre las eléctricas y el Gobierno, traducida en reproches cruzados y en conversaciones más o menos informales que no han dado hasta el momento ningún. Mientras desde la Junta de Castilla y León -que ha pedido incluso al Ejecutivo «generosidad» con Garoña- y la Diputación de Burgos, gobernadas ambas por el PP, no han dejado de solicitar «responsabilidad» a la empresa y aún mantienen la esperanza de un acuerdo sobre la continuidad de Garoña. Desde el PSOE, en cambio, se aprovecha la lucha abierta entre los populares y las eléctricas y se sigue defendiendo su cierre y un plan alternativo para la comarca que ellos iniciaron con más voluntad que medios.

En medio de esta situación se encuentran el millar de personas que trabajan para la Central Nuclear de Santa María de Garoña. Los empleados directos, pero también las pequeñas empresas que le prestan servicios, los agricultores que nutren su comedor o incluso las monjas que realizan labores de lavandería y costura. Los municipios del entorno llevan cuarenta años a la sombra de esta instalación nuclear, con todo lo que ello implica. Aunque el cierre no será de la noche a la mañana. El alcalde del Valle de Tobalina, Rafael González Mediavilla, recuerda que «no es una fábrica de galletas», se preguntan cómo se compensará en la zona esa millar de puestos de trabajo y reivindica a las administraciones unas ayudas directas que, en su opinión, hace años deberían haber comenzado.