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La Justicia es un mundo de adultos donde las decisiones tienen consecuencias. No vale impostar contrición ni enmienda

Jordi Turull (derecha) y Josep Rull, a su llegada al Tribunal Supremo donde este viernes el juez Pablo Llarena comunicó el auto de procesamiento a los investigados en el «procés» EFE
Ignacio Camacho

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El juez Llanera tiene un relato. Un relato documental, completo y pormenorizado de la revuelta de octubre en Cataluña, cuyo conocimiento le permite concluir que se trató de un golpe contra la Constitución, «un ataque sin parangón» y con componentes de «fanatismo violento» a las ... bases del Estado. Esto lo puede afirmar cualquiera de nosotros pero sólo él, el magistrado, tiene la potestad y los fundamentos jurídicos para decirlo en un auto, calificar los diversos delitos concomitantes que se produjeron y señalar a las personas que presuntamente los planearon y llevaron a cabo. Durante cinco meses, el instructor del Supremo ha recopilado informes, testimonios, datos. Y con ellos ha reconstruido el «diseño criminal» oculto de la rebelión separatista, atribuido las responsabilidades individuales y elaborado un sumario. Ese sumario es la historia de un proyecto «tozudo e incansable» de quebrantamiento de la ley y de desacato a los tribunales sostenido durante cinco años. Y concluye, como no podía ser de otra manera, con petición de penas graves para los encausados. Mientras la política proseguía su confuso itinerario de imposturas, de maniobras y de simulacros, la Justicia ha hecho su trabajo. Que consiste en impedir que el levantamiento independentista salga impune aunque la opinión pública, con el paso del tiempo, caiga en la tentación de relativizarlo.

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