Si quiere dialogar, en el Senado

No es la primera vez que Puigdemont puede dirigirse al Parlamento español. La primera invitación le fue dirigida por el Gobierno en mayo pasado, para que acudiera al Congreso de los Diputados, como en su día hizo el lendakari Ibarretxe con su propuesta de reforma del Estatuto vasco. Puigdemont no fue al Congreso, pero ahora sopesa acudir al Senado. Dentro de la excepcionalidad de la situación que ha provocado el separatismo, el ofrecimiento a Puigdemont muestra la calidad del sistema democrático español y contrasta con el rodillo autoritario que impuso la mayoría separatista en las votaciones del Parlament a las leyes de referéndum y transitoriedad el 6 y 7 de septiembre .

La participación de Puigdemont en el procedimiento de aplicación del artículo 155 es una decisión que genera en el nacionalismo separatista graves contradicciones. Por un lado, intervenir ante la comisión o el pleno del Senado puede ser recibido por los sectores más extremistas del nacionalismo -que son los que están imponiendo la agenda separatista- como un reconocimiento de la legitimidad del Gobierno en la aplicación del artículo 155, frente a unos discursos inverosímiles que cuestionan incluso la constitucionalidad de este precepto de la propia Constitución. Pero, por otro lado, no intervenir sería un revés para el victimismo nacionalista y un desmentido internacional a la denuncia nacionalista del autoritarismo del Estado español y de su déficit democrático. Prestar el Senado al dirigente, querellado, de un movimiento separatista inconstitucional no es lo que hace un Estado que pisotea libertades y carece de valores democráticos.

Puigdemont está acostumbrado a moverse en espacios favorables: plenos parlamentarios manipulados, oposición política minimizada, comparecencias sin réplica, medios públicos domesticados. Ni el president ni el resto de dirigentes separatistas saben lo que significa confrontar su proyecto separatista en un contexto de verdadera deliberación parlamentaria, sin el resguardo de una presidenta servil, como Carme Forcadell , y de un « reglamento mordaza » a los partidos constitucionalistas.