Editorial ABC

Una respuesta a la altura del golpe

El comportamiento ilegal de la Generalitat ha quedado en parte velado por la manipulación informativa de la intervención policial. En cambio, los responsables de esta crisis siguen ahí

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El resultado político del 1-O obliga al Gobierno a definir un estrategia para Cataluña con la que asuma definitivamente el liderazgo de la respuesta del Estado. Las pautas del Ejecutivo para evitar el referéndum han desembocado en un escenario lleno de contradicciones, en el que el comportamiento ilegal y anticonstitucional de la Generalitat ha quedado en parte velado por la manipulación informativa de la intervención policial, sobredimensionada, cuando no tergiversada, por las terminales del separatismo. En cambio, los responsables de esta crisis siguen ahí, denunciando y amenazando al Estado y denigrando la democracia española, sin coste alguno.

En este escenario, la unidad política con PSOE y Ciudadanos empieza a resentirse a partir de los condicionamientos tácticos de ambos partidos. Además, ha comenzado la campaña de acoso para que Policía y Guardia Civil -con 431 heridos en la jornada del domingo- sean expulsados de Cataluña. En un acto indigno, más propio de zonas proetarras y de otros tiempos, presuntamente superados, la alcaldesa de Calella (Barcelona) ha presionado a los hoteles que alojan a policías nacionales para que los echen, un agravio impulsado por el propio Puigdemont con su lenguaje antisistema contra las Fuerzas de Seguridad.

Ahora es necesario que el Gobierno de Rajoy abandone sus discursos repetitivos sobre lo que sucede en Cataluña y dé un salto cualitativo que saque al Estado de su estancamiento. La aplicación del artículo 155 de la Constitución se presenta como una medida inevitable y urgente frente a la deslealtad absoluta de la Generalitat y como un revulsivo para la defensa constitucional del Estado. Los jueces y fiscales han dado de sí todo lo que legalmente les es exigible, y el Tribunal Constitucional ni está ni se le espera para inhabilitar a los que han hecho burla pública de su decisión de suspender el referéndum.

Toca ahora que el Gobierno y el Parlamento asuman su responsabilidad, sin delegarla por más tiempo en otras instituciones del Estado, que han tocado techo. La idoneidad del artículo 155 de la Constitución es de pura aritmética jurídica. Se echa de menos la determinación que requiere este crítico momento histórico, demandante de un liderazgo firme para España. Rajoy debe asumir que los partidos que apoyan al Gobierno van a fijar tácticas propias ante la aplicación del artículo 155. Ciudadanos, la de unas elecciones anticipadas en Cataluña, que probablemente, en el actual estado de movilización independentista, serían más rentables para el nacionalismo. El PSOE, por su parte, vuelve al limbo del diálogo con Puigdemont y se suma al coro de denunciantes por la intervención policial, antesala de la ruptura con Rajoy. Con su mayoría absoluta en el Senado, el PP no puede seguir lastrado por dudas y exigencias ajenas. Alguien debe acordarse sólo de España y de su urgente necesidad de sobreponerse a quienes buscan dinamitar el orden constitucional.