El independentismo rompe Cataluña

Con el eslogan «votar no es delito», que lo habría suscrito el mismísimo Hitler, han captado voluntades y confundido opiniones. Incluso provocó en el Gobierno central un claro encogimiento de su respuesta, que se daba a conocer en mensajes que anunciaban que no regalaría al separatismo la foto de la Guardia Civil marchando por la Diagonal o retirando urnas. Incluso portavoces del PP anticiparon que no se aplicaría el artículo 155 de la Constitución por razones temporales y jurídicas.

El discurso del nacionalismo nunca fue legal, sino político. El del Gobierno central siempre fue legal, y apenas político, y por eso le faltó estrategia. Ayer, en Cataluña, se llegó a lo que no era deseable, pero fue inevitable . La intervención de la Guardia Civil y de la Policía Nacional respondió a la necesidad ineludible de restaurar el orden legal, asegurar la primacía de la Constitución y cumplir las órdenes judiciales. La deslealtad, lindante con la traición, de los Mossos d’Esquadra descargó en la Policía y la Guardia Civil toda la responsabilidad de asegurar el respeto a la ley. El empleo de la fuerza fue legítimo, proporcional y necesario. Nuestras Fuerzas de Seguridad actuaron con una profesionalidad encomiable en unos escenarios muy complicados para el uso de la fuerza legítima.

Hay que reconocer que pudo no haberse llegado a la situación de ayer. Es muy difícil afirmar que los violentos incidentes de ayer tendrán menos coste que el que hubiera tenido la aplicación a tiempo del artículo 155 de la Constitución . El Gobierno nunca vio oportuno aplicar este precepto, que habría permitido arrebatar a los nacionalistas las competencias que estaban utilizando contra el Estado y anticiparse a los acontecimientos. Nada de esto ha sucedido. Incluso se esperó a constatar lo que era obvio: que los Mossos d’Esquadra iban a desobedecer la orden judicial de precintar colegios electorales. Mientras los miembros de la Policía autonómica refugiaban su complicidad en la noche, Policía y Guardia Civil tuvieron que desplegarse e intervenir a plena luz del día.

No hubo referéndum el 1-O. El Estado lo ilegalizó, pero el nacionalismo logró otros objetivos. Sí hubo votaciones en dependencias públicas de la Generalitat y de los ayuntamientos, en abierta desobediencia a los tribunales de Justicia . Negar lo evidente no ayuda al Gobierno de Rajoy en estos momentos. Ni jueces, ni fiscales estaban capacitados para afrontar la dimensión constitucional de este conflicto, que ha quedado sin resolver y que debió encauzarse con la aplicación del 155 al día siguiente de la aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad. Repárese en que el 1-O ha pasado sin que uno solo de sus responsables, incluidos los cómplices que dirigen los Mossos d’Esquadra, haya sido inhabilitado o encarcelado. Todos siguen a día de hoy en sus cargos y con sus funciones intactas. Inexplicable. Como señalábamos en nuestro editorial de ayer, los dirigentes nacionalistas son los únicos responsables políticos y legales de esta crisis y deben responder por lo que han hecho. El drama del problema nacionalista es que hoy no hay motivos para pensar que se abre una puerta al acuerdo. El nacionalismo se aferrará al 1-O como una victoria moral y política frente al Estado. Por eso es necesaria la unidad de los constitucionalistas. Rajoy apeló a la colaboración del PSOE y, ayer mismo, su secretario general, Pedro Sánchez, volvió a moverse en esa ambigüedad que le caracteriza. Es por eso que Rajoy debe estar preparado para afrontar en soledad, y con un frente opositor reactivado, la toma de nuevas y más firmes decisiones.