Ana Botella autoriza levantar pisos en suelos del Ministerio de Hacienda

Entre los suelos que hacen el recorrido opuesto, están los dos edificios frente al Congreso de los Diputados y que también pertenecen al complejo del Congreso –que ahora tienen uso residencial y pasan a ser dotacionales de servicios colectivos de administración pública–, y la actual sede del Boletín Oficial del Estado en la avenida de Manoteras, que tiene uso industrial y pasa también a ser dotacional.

La medida, que fue aprobada por la Junta de Gobierno municipal el pasado 13 de noviembre, responde a una solicitud formulada el 4 de julio pasado por la Dirección General del Patrimonio del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. En ella, se pedía al Ayuntamiento que se modificara el Plan de Urbanismo para cambiar la calificación de seis parcelas de la propiedad del citado Ministerio.

Las parcelas son: un edificio en la calle Serrano, 35, que en la actualidad se destina a sede de la Secretaría General del Patrimonio del Estado; una parcela en la calle Padre Damián, 52, esquina con Fray Bernardino Sahagún; un edificio ahora vacío en el paseo de la Castellana, 19, que fue la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; dos edificios en la carrera de San Jerónimo 36 y 40, que en la actualidad están destinados a dependencias del Congreso y se utilizan sobre todo para los grupos políticos y para algunas recepciones oficiales en sus salones más representativos. Y, por último, el edificio de la avenida de Manoteras, 54 que está destinado a dependencias del Boletín Oficial del Estado.

Los tres primeros –Serrano, 35; Padre Damián, 52; y Castellana, 19– tienen en la actualidad calificación como de uso dotacional de servicios colectivos de administración pública, y van a pasar a ser residenciales.

Respecto a las otras tres –carrera de San Jerónimo 36 y 40 y avenida de Manoteras, 54–, hacen el paso contrario: son de uso residencial las dos pertenecientes al Congreso, y de uso industrial la tercera, y ahora todas ellas pasarán a ser de uso dotacional de servicios de la administración pública.

El informe técnico de Urbanismo define esta actuación como «una dotación en suelo urbano consolidado», en la que las dotaciones públicas se incrementan en un total de 3.776 metros cuadrados. Y también se produce un incremento de la edificabilidad de uso dotacional. Señala además que en esta operación, al transformar parcelas y edificabilidades de uso lucrativo en otras de uso dotacional público «sin que dé lugar a un incremento de la edificabilidad lucrativa en el conjunto de la operación», «no es preciso establecer nuevas medidas para el equilibrio de redes dotacionales».

Pero sí piensa el Ayuntamiento de la capital en obtener compensaciones de la operación: «Se considera que existe una plusvalía de la que debe participar la Administración», tal y como está marcado en la normativa de suelo en vigor en la Comunidad de Madrid. De ahí que se pida firmar un convenio de gestión que recoja todos estos extremos, y que «podrá tramitarse al mismo tiempo que la licencia urbanística», y de manera inseparable: es decir, el permiso «no podrá concederse hasta que dicho deber sea cumplido». La cesión podrá hacerse «sustituyendo la entrega de suelo por su valor en metálico», proponen. Este documento pasará ahora a información pública para continuar su tramitación administrativa.

El Ayuntamiento de Madrid ha acometido en los últimos meses varias modificaciones del Plan General para transformar el urbanismo de la capital. Hace unos meses también modificó el PGOU para restar protección a dos conjuntos inmobiliarios del centro, como son la manzana de Canalejas y el edificio España. En ambos casos se diseñan proyectos de gran magnitud que prevén generar riqueza para el entorno.