Un imputado por corrupción, fichado para formar a políticos iberoamericanos

Esco se dedicó a la política desde 1990 hasta finales de 2009, cuando dejó el Gobierno aragonés para convertirse en alto ejecutivo de Telefónica (director de relaciones institucionales de la compañía para Iberoamérica). Esto pese a que su formación y trayectoria profesional hasta ese momento -al margen de la política- había sido la de un funcionario de la Diputación de Huesca dedicado a la arqueología. Licenciado en Filosofía y Letras, ocupaba una plaza de técnico cultural en esa diputación, en la que empezó a hacer carrera política de la mano de Marcelino Iglesias, cuando este presidía esa institución antes de dar el salto al Gobierno aragonés.

Esco, del más íntimo círculo de confianza de Iglesias, desembarcó en el Ejecutivo autónomo tras hacerlo su amigo. Lo mismo que la mujer de Esco, Eva Almunia, quien fue también consejera del Gobierno aragonés, secretaria de Estado de Educación con Rodríguez Zapatero y la elegida por Marcelino Iglesias para sucederle como candidata a la presidencia del Ejecutivo regional por el PSOE en las elecciones de mayo de 2011. Iglesias había estado de presidente de Aragón durante tres legislaturas consecutivas, doce años. La esposa de Esco perdió las elecciones autonómicas de 2011 y, desde entonces, es diputada en las Cortes regionales.

Carlos Esco está imputado en dos de las seis causas abiertas por presunta corrupción cometida en la empresa pública Plaza cuando fue responsable de esa sociedad. Se le investiga por sospechosos sobrecostes y enriquecimientos ilícitos.

Además de haber sido nombrado por Iglesias viceconsejero de Obras Públicas, le encomendó el control político directo de una empresa pública que acumula cuentas ruinosas y que se ha convertido en foco de investigación policial y judicial por los más que sospechosos manejos de fondos públicos que se hicieron en ella.

Entre los imputados está también el constructor y dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, figura que mantuvo estrecha relación con la cúpula socialista que lideró Iglesias en Aragón y que aparece en varias causas judiciales como pieza clave en supuestos negocios fraudulentos trabados en Plaza.

Ahora, exhibe su curriculum doble de político y directivo -sustancia subjetiva que acompaña a su condición de imputado- para figurar en el plantel de once profesores del «Programa de Alta Dirección Pública en Transparencia y Seguridad Jurídica».

Este programa de alta formación se impartirá con sesiones presenciales entre el 7 y el 11 de de julio en la Residencia de Estudiantes de Madrid, y se completará con sesiones en el campus virtual de Goberna América Latina, entre el 21 de julio y el 9 de noviembre.

Goberna América Latina está integrada por grandes compañías y altas instituciones internacionales. Entre ellas, la OCDE; la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores; y empresas como Iberia y Telefónica.

El director de Goberna América Latina es el politólogo y catedrático español Fernando Vallespín, al que Rodríguez Zapatero nombró presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cargo que desempeñó entre los años 2004 y 2008.

El programa en el que Carlos Esco aparece como «docente» será inaugurado por el propio Vallespín, junto al director de este curso de alta dirección política, que es el abogado, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona y expresidente del Consejo Consultivo de la Generalitat, Joaquín Tornos Mas. Matricularse como alumno en este programa cuesta 4.000 euros.

Según la documentación del curso, está concebido para abordar aspectos que «promueven el fortalecimiento de las instituciones públicas, desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuenta», así como «la construcción de una Administración moderna que brinde seguridad jurídica a los agentes económicos y sociales y esté más cercana al ciudadano».

Va enfocado -dice la misma documentación- a aumentar la «preparación» de «los predirectivos y directivos públicos, cargos electos, políticos actuales y futuros de los distintos niveles de gobierno de América Latina». con el fin de que estén mejor formados «para liderar los procesos de cambio en las instituciones públicas a la luz de las nuevas demandas ciudadanas».