Nuevo golpe a la mafia rusa en Tarragona

Han sido detenidos ocho individuos: dos en Salou, dos en Cambrils, tres en Reus y uno en Vilafortuny y se están practicando diecinueve registros y el embargo de casi doscientos inmuebles y cuentas bancarias por parte del Servicio de Información de la Guardia Civil y la Comandancia de Tarragona en una operación dirigida por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Los jefes de la red viven en Rusia pero viajaban a Tarragon a para pasar vacaciones y supervisar las inversiones de sus subordinados, que sí residían en Cataluña.

Las organizaciones para las que blanqueaban los ahora arrestados ya han tenido un papel muy relevante en nuestro país, tal y como recoge el libro «Palabra de vor. Las mafias rusas en España». El pasado mayo, el considerado jefe de la Taganskaya en España Alexander Romanov pactó con la Fiscalía y aceptó una pena de tres años y nueve meses de prisión así como la entrega del hotel Mar i Pins en Mallorca por el blanqueo de 1,6 millones de euros en nuestro país. Junto a él se sentaron en el banquillo otras once personas, entre ellas su mujer. Diez llegaron a conformidad. En el registro del chalé de Romanov, la Guardia Civil halló dos cartas muy comprometedoras que conducían hasta Alexander Torshin , entonces vicepresidente primero del Senado ruso. Romanov redujo esa relación a que es el padrino de uno de sus hijos, aunque la sospecha es que la relación era de colaboración en actividades de blanqueo.

Respecto a 'Tamboskaya' y 'Malyshevskaya', el juez De la Mata dictó el mes pasado orden de busca y captura para doce de sus miembros, detenidos en 2008 en la operación Troika, a la vez que actualizó la petición de extradición del capo Gennadios Petrov, quien «mantiene fuertes vínculos con el poder económico, político, judicial y policial en Rusia».

En un auto, fechado el 22 de enero, el magistrado explica que se ha formulado acusación y abierto juicio oral contra parte de los procesados, entre ellos Petrov, su mujer Elena Petrova y Leonid Khirstoforov, y acuerda ratificar las resoluciones de prisión provisional comunicada y sin fianza, actualizando las órdenes europeas e internacionales de detención a efectos de ser entregados a España.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señala que los acusados se encuentran en paradero desconocido , la mayor parte fugados en la Federación de Rusia desde hace años, sin que haya sido posible traerlos a la Audiencia Nacional. Según dice, se han negado «lisa y llanamente» a regresar al tribunal o han huido tras comparecer en distintos momentos durante la instrucción.

Además de estos tres investigados, el juez ha puesto en busca y detención a Vladislav Matusovich, Diana Gindin, Irina Ussova, Víktor Gavrilenkov, Sergey Kouzmine, Nicolay Aulav, Arkady Buravoy, Igor Sobolevsky, Ilias Traber, Pavel Nikolaevich Kudryashov, Oleg Noskov y Antón Petrov, hijo del capo.

Antón Petrov mantiene una «relación estrecha con Nikolai Nikoaevich Aulov, general jefe de la Dirección Principal del Ministerio del Interior de Rusia en el Distrito Federal de Rusia en beneficio de la organización». Aulov hace uso de su poder y dispone de gente de su confianza para realizar actos de intimidación o amenazas a las personas que tratan de perjudicar al jefe de la organizaciión criminal, según figura en un anexo al auto.

La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado enero penas de entre cinco años y seis meses y 8 años y seis meses de prisión para 27 miembros de la mafia rusa 'Tambovskaya' que participaron en una estructura asentada en España desde 1996. Desde el territorio español blanqueaban el «enorme» rendimiento económico obtenido a través de la comisión de asesinatos, palizas por encargo, contrabando o tráfico de drogas, dice el Ministerio Público.

Anticorrupción, que les acusa a todos de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales , solicita la pena más alta para el 'capo' Gennadios Petrov y sus principales lugartenientes: Alexander Ivanovich Malyshev y Olga Solovyeva. Reclama cinco años y medio para los 24 restantes miembros de la organización y multas de cien millones de euros para cada uno de ellos, un total de 2.700 millones.