El mayor reparto de votos obliga a PP y PSOE a adaptar su modelo de partido

El ajuste del PSOE ha sido el más duro que se ha producido en España, pero todo apunta a que no será el único. En el PP han visto las barbas de su vecino pelar, y ya están poniendo las suyas a remojar. No hay que ser adivino, solo hay que leer las tendencias que indican todas las encuestas, para comprender que el sistema de un bipartidismo fuerte está a punto de dar paso a una mayor fragmentación parlamentaria, con al menos cuatro formaciones que se disputan los puestos de cabeza. Y eso significa un mayor reparto de las subvenciones, y cuantías mucho más reducidas para los que hasta ahora lo acaparaban casi todo, el PP y el PSOE. El modelo va a cambiar, y los comportamientos de los grandes deberán hacerlo también.

En España, cuanto más votos y más escaños se consiguen, más subvenciones públicas se obtienen. Es así desde que se aprobó la primera ley de financiación de partidos, en 1987, y se mantuvo en la ley de 2007, y en su reforma de 2012. Si se reducen de manera drástica los votos y el número de diputados, el grifo público se hace más pequeño. Y los partidos afectados beben menos.

El modelo de financiación es mixto: por una parte hay recursos procedentes de la financiación pública y por otra están los que llegan de la financiación privada. Los primeros son los más importantes. Por un lado se encuentran las subvenciones anuales de funcionamiento ordinario, que incluyen la subvención estatal y las que proceden de los gobiernos autonómicos, Cortes Generales, asambleas legislativas y entidades locales. El total en 2012 fue de 209,9 millones de euros. A esas cantidades hay que sumar las subvenciones electorales por los comicios que se celebren. En 2012 se repartieron 63,2 millones.

La financiación privada en ese ejercicio (último analizado por el Tribunal de Cuentas) fue de 70,9 millones de euros. El PP obtuvo 15,6 millones (733.000 euros en donaciones) y el PSOE, 26,2 millones (casi 4 millones en donaciones).

Al llegar al poder, el PP aprobó una ley de financiación para aplicar un recorte del 40 por ciento a los partidos en dos años, en 2012 y 2013. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó entonces, en el año más duro de la legislatura, que las formaciones políticas debían hacer los mismos sacrificios que los españoles.

Pero no fueron los últimos ajustes. El próximo jueves, el Congreso aprobará de manera definitiva la nueva ley de control financiero de los partidos políticos, que prohibirá las donaciones de personas jurídicas y las condonaciones de deuda por entidades de crédito y reducirá a 50.000 euros el límite de donaciones de personas físicas. Se pretende reducir, además, los gastos electorales, con una rebaja del 20 por ciento en las subvenciones por envío de propaganda.

Este es, de entrada, el nuevo escenario de financiación para todos los partidos: un «pastel» más pequeño que repartir, pero además con más raciones y más parecidas unas a otras.

La fuga de votos del PP y el PSOE en las próximas citas electorales, según indican todas las encuestas y se ha adelantado en las elecciones andaluzas , y la subida de nuevas formaciones como Podemos y Ciudadanos, que podrían disputar los puestos de cabeza con los primeros, supondría un vuelco en el modelo tradicional de partidos. Los populares serían los más afectados, pues los socialistas ya han aplicado el grueso del ajuste desde su batacazo electoral de 2011. Las estructuras de partido serán más racionales, los macromítines y los grandes actos políticos se reducirán, las elecciones se afrontarán de manera diferente y sin despilfarros (el envío de propaganda va a menos), y las formaciones buscarán fórmulas mucho más económicas y efectivas para llegar a los ciudadanos.