El PP propone que las agresiones a profesores y médicos sean atentado a la autoridad

La libertad vigilada prevista hasta el momento en el proyecto de reforma estaba prevista para el cumplimiento posterior a la condena de cárcel y suponía un control judicial que implicaba la localización permanente, comparecencias periódicas y la prohibición de no aproximarse a la víctima. Su duración era de un máximo de 5 años aunque se extendía a 10 en casos graves.

El PP había suprimido las referencias a la libertad vigilada de los artículos 140 bis y 173.2, de forma que se mantiene la regulación actual como una medida posterior al cumplimiento de pena por delitos sexuales.

Por otra parte, los populares proponen que las agresiones a profesores y médicos, que se hallen en el ejercicio de sus funciones, sean consideradas como un delito de atentado a la autoridad, con una pena de entre uno a cuatro años de prisión.

La redacción del proyecto de Ley dice que «son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas».

Al respecto, los populares añaden que «se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas».

Otra novedad incorporada es que los jueces podrán ordenar la retirada de las aplicaciones de los teléfonos móviles que contengan o difundan pornografía infantil, ya que el texto sólo hace referencia a las páginas web.

Además, elevan la penas de prisión de tres a cuatro años para la falsificación de medicamentos e incorpora una referencia al «riesgo para la vida o la salud de las personas», para adecuar la legislación a la propuesta del Consejo de Europa.