El Gobierno y el PSOE allanan el camino para llegar a acuerdos anticorrupción

Rajoy aprovechó el viernes el balance del año que hizo en el Palacio de la Moncloa para rebajar, por un lado, el nivel de crítica contra el PSOE y Pedro Sánchez, y para volver a pedir, por otro lado, un pacto anticorrupción que regenere y fortalezca las instituciones democráticas en un año electoral clave, justo cuando algunas formaciones emergentes, tipo Podemos, centran su discurso en atacar esas instituciones, en las que no creen. «El PSOE es un gran partido que ha gobernado mucho años», señaló Rajoy cuando se le preguntó por la situación de los socialistas y de su secretario general, en concreto, del que no hizo ninguna crítica esta vez. Acto seguido subrayó que es bueno que haya acuerdos entre el PP y el PSOE en asuntos de Estado, y en concreto afirmó que le gustaría que lo hubiera sobre las medidas anticorrupción.

En realidad el pacto global contra la corrupción estaba prácticamente cerrado hasta octubre, pero el PSOE rompió las negociaciones y dio un portazo al acuerdo cuando estalló la Operación Púnica. Rajoy entonces ordenó que la tramitación de las dos leyes anticorrupción más importantes (la que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración y la de control de la actividad económica-financiera de los partidos) se tramitaran de forma inmediata sin esperar más a los socialistas, con quienes habían buscado el acuerdo desde el mes de febrero. Las relaciones entre el Gobierno y la oposición quedaron dañadas.

Pero la tormenta dio lugar al sosiego en las ponencias parlamentarias, que empezaron a trabajar en diciembre y van a continuar a pleno rendimiento en enero. Las próximas reuniones están previstas para los días 8 y 9, pese a que es un mes parlamentario inhábil. El objetivo es que ambas leyes se remitan al Senado antes de fin de mes y entren en vigor, junto a las medidas introducidas en el Código Penal, en marzo. Las otras dos patas del plan de regeneración democrática (ley de Enjuiciamiento Criminal y ley de Contratos del Estado) deberán estar aprobadas antes de verano, en torno a las elecciones municipales de mayo.

De momento, las ponencias transcurren con espíritu de consenso y buena voluntad por parte de todos, según las fuentes consultadas del Grupo Popular y del Socialista. PP y PSOE están prácticamente de acuerdo en todas las medidas que han tratado, así como CiU y PNV, mientras que UPyD y parte del Grupo Mixto apoyan algunos aspectos e Izquierda Plural también, aunque reconozca que no se unirá a ningún acuerdo final. Los populares aceptan muchas de las enmiendas que se presentan y se transaccionan (se llega a un acuerdo intermedio). «Más que un camino allanado, hay una autopista para el acuerdo», comenta a ABC un ponente del PP.

El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ve posible llegar al acuerdo y explica que cuando se estudian las medidas, una a una, la oposición las acepta y coincide con ellos. Carlos Floriano y José Antonio Bermúdez de Castro, ponentes del PP, buscan los puntos de consenso, y han aceptado pactar enmiendas, por ejemplo las relacionadas con la ampliación de los plazos de prescripción de delitos, para atraerse a los socialistas.

Pero una cosa son los consensos en fase de ponencia y los acuerdos puntuales y otra que al final pueda visualizarse un gran pacto de Estado entre el Gobierno del PP y el PSOE. Ahí las fuentes parlamentarias consultadas reconocen que será más difícil, porque los socialistas quieren evitar dar una baza a Rajoy a pocos meses de las elecciones. Además, miran de reojo a Podemos, con temor a las posibles críticas que pueda dirigirles.

En el Grupo Socialista, uno de sus ponentes, Antonio Pradas, ha confirmado la buena disposición de su partido para llegar a acuerdos concretos. Más complicado ve llegar a un pacto global, aunque no lo descarta, si no se aceptan las 50 medidas de la Declaración de Valencia del PSOE. Los socialistas confían todavía en poder introducirlas en las diferentes leyes en tramitación. En todo caso, los tres puntos de discordia más relevantes se refieren a los capítulos de indultos, aforamientos y financiación de partidos.

Desde La Moncloa, se defiende que el plan anticorrupción en su conjunto es el más importante y ambicioso que se ha afrontado jamás en España. El acuerdo es importante porque se responde a una demanda social evidente, las medidas dejan claras las reglas del juego en política, se envía un mensaje a los ciudadanos sobre el fortalecimiento institucional, se recupera la confianza y la potencia de las leyes aprobadas se multiplica cuando el acuerdo es amplio, según estas fuentes.