El gran decálogo anticorrupción de Rajoy

1-. La primera medida es quizás la más llamativa: el Gobierno informará cada seis meses al Congreso sobre los indultos que haya concedido y haya denegado, de los que dará cuenta el ministro de Justicia ante los diputados en sesión parlamentaria o comisión. Regenerar la política pasa además por agilizar la Justicia, ha dicho Rajoy, quien ha desgranado que su equipo gubernamental remitirá un informe semestral a la Cámara Baja para aumentar el control parlamentario sobre esa figura.

2-. Además de los viajes, el Ejecutivo se muestra dispuesto a ampliar el régimen de derechos y deberes de los parlamentarios: se aprobó, tras el «caso Monago», que los grupos parlamentarios tuvieran constancia y dieran transparencia a los viajes de sus Señorías en acto de servicio. Asimismo, el jefe del Gobierno ha avanzado desde el encerado parlamentario que está abierto a ampliar el régimen de derechos y deberes de los parlamentarios siempre y cuando haya «un amplio consenso» sobre un asunto que ha considerado «complejo», según sus propias palabras y en el que no llega a sentar las bases de un pacto la totalidad de los diputados.

En esta operación de vigilancia de los altos cargos, se regularán por ley los gastos de representación y estará prohibido el uso de tarjetas de crédito para abonarlos.

3-. El presidente del Gobierno también ha vislumbrado la posibilidad de reforzar la iniciativa legislativa popular y los cauces de participación ciudadana en la política.

4-. Otra de las nuevas iniciativas que ha adelantado el jefe del Ejecutivo estriba en obligar a todos los partidos a que los militantes participen en la elección de sus órganos de dirección para, en caso de no hacerlo, que «esa fuerza política sea extinguida». Dentro del caudal de exigencia de «patrones éticos y democráticos» a las formaciones del país, se piensa imponer a los partidos que renueven sus órganos de dirección como máximo cada cuatro años. El equipo de gobierno no impone primarias, sino que dejará que los partidos se organicen «como crean conveniente». En la réplica de la oposición, Pedro Sánchez se ha abonado en la línea de imponer primarias por ley para todos los partidos y eliminar así cauces «a dedo» en la designación de los dirigentes.

En el alegato de Rajoy, ha incluido pedir a los militantes unas «obligaciones de conducta» en los regímenes estatutarios: expulsión en caso de ser condenado por un delito doloso y suspensión automática de militancia en caso de que se abra juicio oral por asuntos que conllevarían inhabilitación. Los estatutos de los partidos deberán recoger garantías concretas para todos los afiliados, especificando el órgano que ejercerá como defensor de sus derechos y el procedimiento de reclamación respecto a los acuerdos adoptados por la formación.

5-. Luchar de forma eficaz contra la corrupción también pasa, según Rajoy, por prohibir las donaciones de personas jurídicas, así como que haya un control exacerbado sobre cada una de las donaciones de personas físicas, que no superarán los 50.000 euros (cae de 100.000 euros a la mitad). Supone a la sazón regular la actividad económica y financiera de los partidos políticos prohibiendo las donaciones de las empresas. Además, cada aportación de más de 25.000 euros habrá de ser pública en sus páginas web y comunicada al Tribunal de Cuentas. Esta medida se desarrollará a través de dos enmiendas más incluidas a los proyectos de ley. En palabras del gallego, «la vida pública debe hacerse en la plaza pública».

6-. En conjunción con la medida anterior, se modificarán tanto las leyes de Partidos y de su Financiación como la del Tribunal de Cuentas. Rajoy ha agregado que se prohíben todas las operaciones bancarias de condonación o renegociación de deuda a los partidos políticos. En lo sumo, ninguna entidad bancaria podrá condonar un adeudo de las formaciones ni total ni parcialmente, ni tampoco, ha añadido, «pactar condiciones financieras» por debajo de las condiciones de mercado.

7-. 4.200 partidos deberán adaptarse a estas condiciones: Los partidos estarán obligados a hacer públicos sus presupuestos, a través del organismo pertinente, que es el Tribunal de Cuentas.

Rendirán cuentas no solo aquellos que consiguen representación parlamentaria o que reciben subvenciones de alguna administración. Los 4.200 partidos políticos inscritos en el registro del Ministerio del Interior habrán de adaptar sus estatutos a la nueva legislación y habrá carta blanca a la expulsión, según ha proclamado Rajoy, para la formación que incumpla estas normas. Los objetivos de estas medidas -ha aseverado- no se limitan a garantizar el principio de que «quien la hace, la pague», sino que también se pretende endurecer las penas de tal manera que los corruptos «se lo piensen diez veces», ha exhortado Rajoy.

8-. Y en ese endurecimiento, habrá tímidos retoques de la normativa vigente. Se establecerá por primera vez en democracia el delito específico de financiación ilegal de los partidos políticos y se agravarán las penas por inhabilitación. La finalidad de ésta y las siguientes medidas rezume en despojar de lo robado al delincuente, proteger a los inocentes desde el primer momento y recuperar el dinero defraudado, para que retorne de inmediato al erario público y, por ende, a la sociedad. Se garantizará esa devolución de los bienes por parte del que delinque, ha esgrimido.

9-. Se dará celeridad a los macroprocesos judiciales. Así, Rajoy ha anunciado que, entre otras medidas para combatir la corrupción, en la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se fijará un plazo máximo de instrucción en los macroprocesos. El objetivo, ha defendido, es que «la instrucción de los asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación de piezas». Con ello se evitará que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años, ha dicho el presidente, y se permitirá que los imputados puedan comparecer ante un tribunal y establecer, en su caso, las responsabilidades penales a que haya lugar en un plazo razonable.Además, como se ha citado en las recetas dispuestas para el control de los altos cargos, se suspenderá de militancia a los políticos que sean llevados a juicio oral por un juez por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.

10-. Más medios: Rajoy ha ultimado un mayor esfuerzo en los medios y recursos destinados a la lucha contra la corrupción. Se contempla la convocatoria de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y este próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la dotación de recursos para impulsar las nuevas tecnologías en el ámbito judicial.

Se perseguirá, con este magno decálogo, que «la corrupción no se produzca porque se hayan eliminado sus oportunidades», ha proclamado el presidente del Gobierno, que hace pocas horas forzó la salida de Ana Mato tras ser involucrada por el juez Pablo Ruz en el posible beneficio de los delitos cometidos por su exmarido. El jefe de filas populares ha concitado su intervención parlamentaria con un enunciado: «La osadía crece donde no hay obstáculos».