Jaque a la última argucia de Mas

La página web de la Generalitat se inicia con la información: «El día 9 de noviembre de 2014, el Gobierno de la Generalitat abre un proceso de participación ciudadana en que convoca a los catalanes y las catalanas y a las personas residentes en Cataluña a que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña». Se precisan las dos preguntas que se someten a la ciudadanía, sobre la independencia de esta Comunidad, así como el procedimiento para la participación el 9-N. Y se incluye material formado por carteles, vídeos y folletos explicativos sobre la votación, así como un vídeo institucional sobre la convocatoria y otro de Artur Mas. «En la web se desarrolla un auténtico procedimiento electoral, con instrucciones precisas para las personas que van a participar en la dirección de la votación». Según el Gobierno, la Generalitat pretende conseguir así «idéntico efecto que un decreto de convocatoria».

Además de la web, ha habido comunicaciones oficiales de la Generalitat a entidades locales o centros educativos, en las que «se requiere expresamente por correo electrónico a los ayuntamientos para que cedan el uso de sus locales para la consulta, y se requiere a los centros docentes la cesión del uso de los centros escolares». El 16 de octubre, el Diario Oficial publica un edicto «adicionando un fichero en el que se pueden inscribir voluntariamente los ciudadanos que deseen participar».

Ante la inexistencia de una actuación jurídicamente formalizada de convocatoria, «inexistencia deliberada en orden a dificultar su fiscalización», el Gobierno impugna el instrumento que sirve para su promoción y celebración, sobre todo la página web, junto a otros actos, como la provisión de urnas y papeletas. «Las actuaciones de la Generalitat tienen efectos jurídicos y trascendencia externa, sin que el hecho de que no conste una convocatoria expresa y formalizada como tal implique que tal convocatoria no pueda ser considerada con efectos jurídicos».

Preguntar por el «futuro político de Cataluña», como la posibilidad de que una parte del territorio español se separe unilateralmente y forme un Estado independiente, vulnera de manera patente la Constitución. «La soberanía nacional reside en el pueblo español».

Las preguntas, idénticas a la de la consulta ya suspendida, ponen directamente en cuestión la unidad de España, lo que contraviene el artículo 2 de la Constitución, el cual establece categóricamente que la Carta Magna se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española. La separación de cualquier parte del territorio español exigiría una reforma previa de la Constitución, y solo España en su conjunto está legitimada para manifestarse.

«La convocatoria efectuada, por su contenido, excede del ámbito competencia propio y específico de la Generalitat», y contraviene el propio Estatuto de Autonomía. Las consultas populares, en concreto de naturaleza refrendaria, sobre una cuestión trascendente como la unidad de España, «en modo alguno son objeto o materia de competencia autonómica ». Lo que Mas llama proceso de participación «encubre» un verdadero referéndum.

«Es cierto que no va a utilizarse un censo electoral, pero la consulta se dirige a todos los ciudadanos, por lo que los efectos son idénticos, con el inconviente de que la consulta carece de esta garantía para asegurar su pureza democrática». «Pretende conseguir igual apariencia de garantía que un referéndum, enmascarando, maquillando y adulterando el concepto de cuerpo electoral (...)».