Corrupción y división interna, claves de la Diada más turbia

Así las cosas, el proyecto nacionalista catalán pasa hoy por dos herencias. La primera es económica, la que Jordi Pujol heredó de su padre y ocultó al fisco durante treinta años. La segunda es política, la que ese mismo Pujol legó en su «hijo» Artur Mas y que este ha dilapidado en pocos años. La mala gestión que se ha hecho de ambas herencias confluye en la semana en la que Cataluña celebra su Diada, su día nacional, su Once de Septiembre. Una fecha especialmente relevante pues llega con el desafío independentista en su máximo apogeo: en dos meses, el 9 de noviembre, el bloque soberanista formado por CiU, ERC, ICV y la CUP tiene previsto celebrar una consulta ilegal para la independencia.

El caso Pujol estalló el pasado 25 de julio, cuando el expresidente catalán confesó por escrito un fraude de más de 30 años. Desde ese día, las investigaciones policiales, judiciales y periodísticas apuntan a que detrás del «mea culpa» se esconde un escándalo de corrupción de enormes dimensiones que afecta a casi la totalidad de la familia Pujol. Algunos de ellos, aunque unos más que otros, se habrían aprovechado de la posición de su padre para enriquecerse hasta hacerse millonarios.

Jordi Pujol ya ha anunciado que acudirá al Parlamento catalán a dar explicaciones, pero que no lo hará hasta pasado el día 22. Dice que así no perjudica el proceso soberanista (la Diada), pero todo parece indicar que lo que quiere es comparecer después de que su hijo «JPJunior» lo haga ante el juez Ruz de la Audiencia Nacional. Ante la demora de Pujol, los partidos responden anunciado una comisión de investigación para conocer el fondo del escándalo. Una comisión apoyada por todos, incluida Esquerra Republicana, principal socio de Mas en el Parlamento catalán.

Obviamente, Mas no está por la labor de arrojar luz sobre el escándalo Pujol. Se conforma con las explicaciones que dé el expresidente cuando llegue el momento. No en vano, durante muchos años él fue uno más entre los Pujol. Además, como consejero de Política Territorial y Obras Públicas entre 1995 y 1997 gestionó contratos e inversiones millonarias: un total de 2.129 millones de euros, un 11 por ciento del presupuesto total de la Generalitat. La confesión de Pujol sobre la existencia de una cuenta oculta en Andorra y la posibilidad de que su hijo JPJunior actuara de testaferro en el desvío de dinero supuestamente procedente de comisiones por obra pública pone esta consejería, y a su consejero, en el punto de mira policial. Otra vez, las comisiones.

La sensación de que todo es mentira planea sobre CiU, la coalición de partidos que Pujol dirigió durante más de 20 años y que Mas heredó en 2003. En estos días cobra especial relevancia la famosa afirmación de Pasqual Maragall en sede parlamentaria: «El problema de CiU se llama 3 por ciento». Se refería Maragall a las comisiones que supuestamente se cobraban en los proyectos de adjudicación de obra pública. Aquella afirmación soliviantó a Mas, que solicitó su retirada. Finalmente, Maragall accedió a desdecirse con el argumento de que «Cataluña tiene ante sí cuestiones muy importantes», en referencia clara al proyecto de Estatut. Las supuestas comisiones quedaban, pues, enterradas ante un bien superior: el proyecto nacionalista.

«El concepto de independencia lo veo anticuado y un poco oxidado». Es una frase literal de Artur Mas en 2002, cuando se definía a sí mismo como un nacionalista moderado que creía en España. Una España plurinacional, pero España al fin y al cabo. Un Artur Mas muy distinto del que, transcurrida una década, decidió iniciar un imprevisible viaje hacia una Cataluña independiente. Un viaje «anticuado» y «un poco oxidado» con un destino final aún imprevisible, pero que, de momento, ha fracturado la sociedad catalana y va camino de destruir el ideal nacionalista que un día representó Pujol y que este dejó en herencia a Mas.

Desde que a finales de 2012 el ya «president» Artur Mas se lió la manta a la cabeza, el fenómeno independentista ha sufrido una especie de efecto «boomerang». En aquellos primeros momentos, los cantos de sirena del independentismo concitaron una unanimidad aparentemente sólida de los partidos nacionalistas de Cataluña: CiU, ERC, ICV y los recién llegados de la CUP, todos a una por una Cataluña independiente . Todos a una contra un enemigo común: España. Poco importó la fractura social del pueblo catalán, nada importaban los ciudadanos contrarios -o simplemente ajenos- al independentismo. En el «Parlament», la frontal oposición del PPC y de Ciudadanos quedaba, además, arrinconada por la equidistancia de un PSC en permanente proceso de autodefinición.

Esa posición aparentemente uniforme del bloque independentista situaba el foco de las tensiones en un pretendido choque entre Cataluña y España, entre el Gobierno autonómico catalán y el Gobierno español. O esa era, al menos, la intención de quienes amenazaban con saltarse la legalidad. Planteado el desafío, todas las miradas se centraban en el presidente del Gobierno. Pero lejos de entrar al trapo, y fiel a su estilo, Rajoy decidió rehuir el cuerpo a cuerpo. Durante este tiempo, con el frente catalán manteniendo el pulso, algunas voces llegaron a responsabilizar a Rajoy de dar alas al independentismo al no atajar el problema de raíz; pero el presidente del Gobierno no se inmutó, al menos públicamente.

Ya en 2013, el transcurrir de los meses propició dos importantes apoyos institucionales al Gobierno. En marzo, el Tribunal Constitucional declaró nula la declaración de soberanía del Parlamento catalán con duros argumentos jurídicos y con una apabullante unanimidad que en asuntos políticos suele ser poco común. Cataluña no es un sujeto político soberano, zanjaron los magistrados. Unas semanas después, fue el Congreso quien despachó la solicitud de tres diputados autonómicos catalanes de transferir a Cataluña las competencias para convocar un referéndum sobre su futuro político colectivo. Firmeza en el fondo, exquisitez en las formas.

Las pretensiones secesionistas alentadas por CiU, ERC e ICV chocaban una y otra vez con la arquitectura constitucional española. Además, a la tozuda legalidad vigente se fueron sumando uno a uno los baños de realidad de las instituciones internacionales: la Unión Europea y la OTAN, principalmente, dibujaron con meridiana claridad el futuro de una Cataluña independiente: fuera del euro, sin ejército y aislada en la comunidad internacional. Esta misma semana la ONU y la OSCE rechazaban el envío de observadores internacionales al 9N. Ya no eran los poderes del Estado los que se negaban.

Varapalo tras varapalo, el bloque soberanista se ha ido erosionando más y más a medida que se acerca el 9N, momento de convertir sus amenazas en realidad. Las malas noticias se han ido acumulando a los pies de Artur Mas: la confesión de Pujol a escasos días de su visita a Rajoy en La Moncloa, la espantada de Duran Lleida, el choque entre Unió y Convergencia, las divergencias en el seno del «Govern» sobre si saltarse una probable suspensión de la consulta del TC, los malos resultados de CiU en las encuestas y la presión creciente de sus socios de ERC. Mas afronta la Diada presionado por todos los frentes mientras el Gobierno al que ha planteado el desafío permanece en el mismo punto: ley y diálogo. Él mismo ha verbalizado recientemente su malestar con sus socios de ERC: «Unos se llevan las bofetadas y otros las caricias», le dijo a Junqueras.

El próximo jueves, Cataluña celebrará la Diada acuciado por la corrupción y por la división de quienes quieren convertir esta fecha en una demostración de fuerza independentista. Mientras, el resto de España fija su atención en Cataluña. Pero, como dijo Ortega y Gasset en el Parlamento en 1932, «fija su atención, no su entusiasmo».