Mas diseña otra trampa para burlar los tiempos del Gobierno contra la consulta

La ley de consultas populares, actualmente en fase de redacción parlamentaria, es la norma que Artur Mas quiere utilizar para convocar el referéndum pactado entre CiU, ERC, ICV y CUP. Descartada la transferencia de la competencia para celebrar referendos mediante el artículo 150.2 de la Constitución —el mes pasado, PP, PSOE y UPyD votaron en el Congreso a favor de una moción en contra de ese traspaso—, el presidente autonómico desea exprimir al máximo esa futura ley catalana y evitar cualquier resquicio legal que permita a La Moncloa o al Tribunal Constitucional dictaminar su ilegalidad. Por ello, el dirigente nacionalista busca agotar los plazos de impugnación e intentar que los únicos argumentos de las instituciones del Estado sean políticos y no jurídicos, según explican fuentes gubernamentales. Aunque la ley de consultas catalana se ha tramitado de urgencia, lo que planea ahora Mas es alargar el proceso y que la norma llegue al Pleno parlamentario en septiembre -dos meses antes de la fecha prevista de la consulta-, previo dictamen favorable del Consejo de Garantías, institución de la Generalitat creada en base al nuevo Estatuto de Autonomía de 2006 y cuya función es velar por la adecuación de las leyes catalanas españolas al propio Estatuto y a la Constitución.

El Consejo acostumbra a emitir sus informes, a petición de la Generalitat o de los grupos parlamentarios, una vez está aprobada la ley y como paso previo a la interposición de un recurso o de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC). Por ejemplo, a finales de año, el PP catalán pidió un dictamen a este órgano sobre la ley de presupuestos de la Generalitat de 2014, por entender que tenía visos de inconstitucionalidad -destina una partida de cinco millones de euros a la celebración de la consulta independentista-, lo que demoró un mes la aprobación definitiva de los mismos. El Consejo, donde hay mayoría de CiU, avaló el ajuste de las cuentas catalanas a la Carta Magna. A su vez, el Gobierno catalán ha pedido dictámenes como paso previo a recurrir leyes estatales que considera «anticatalanas».

Por tanto, es inusual que el Gobierno catalán pida un dictamen previo a la aprobación de la ley de consultas, pero la finalidad es clara: blindar jurídicamente esta norma y adelantarse a un posible recurso del PP catalán . Teniendo en cuenta que el consejero de Presidencia, Francesc Homs, explicó meses atrás que la idea de su Ejecutivo es aprobar el decreto de convocatoria de la consulta entre el 15 y el 30 de septiembre, si la ley llega al Pleno ese mismo mes, el margen de maniobra de La Moncloa quedaría muy constreñido. Es decir, que una vez que se dé el visto bueno (jurídico y parlamentario) a la norma, Artur Mas convocaría horas después la consulta formalmente. Pero esta estratagema tiene otro objetivo: ampliar el consenso que la consulta del 9 de noviembre tiene ahora. Como se sabe, el PSC se desmarcó del «derecho a decidir» y, por tanto, del referéndum tras ser llamado al orden (constitucional) por el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero CiU y su socia en esta legislatura, ERC, no pierden la esperanza de que, si se eliminan las sombra de ilegalidad del referéndum, los socialistas catalanes se acaben sumando al bloque soberanista.

Si todo este operativo no funciona, pues el Estado podría recurrir ante el TC el decreto de convocatoria de un referéndum que plantea la ruptura de la unidad de la nación prevista en la Carta Magna, a Mas le quedan otras alternativas, principalmente el adelanto electoral para que los catalanes sean finalmente consultados en unos comicios con vocación plebiscitaria. Pero, según ha admitido en un debate organizado por «El Periódico de Cataluña», el «president» no descarta la vía de la declaración unilateral de independencia que defienden ERC y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) , plataforma que da apoyo a Mas y que ya ha puesto fecha a esa secesión, el 23 de abril de 2015. La ANC propone tomar el control de puerto y aeropuerto para garantizar la normalidad de esa Cataluña independiente.