La izquierda jalea a grupos radicales para llevar a toda España la violencia callejera

Si el pasado miércoles, cuando ya se conocía la paralización del proyecto, se registraron, al menos, 8 convocatorias en diversos puntos de España para solidarizarse con los vecinos de Gamonal, ayer, fecha en la que el alcalde inicio contactos con los colectivos afectados, fueron ya nueve. Y para hoy viernes, cuando las aguas debían haber vuelto a su cauce, ascienden a 25 las manifestaciones, aunque el número podría aumentar por efecto dominó. De hecho, la Coordinadora 25-S, inductora de protestas ilegales como «Rodea el Congreso» o «Jaque al Rey», hizo ayer un llamamiento a que «la lucha crezca y continúe en todo el país en solidaridad con Gamonal». Todo ello, con la complicidad expresa de IU y con la complacencia de un PSOE que coquetea con los movimientos que utilizan la calle para presionar al Gobierno.

Así, el partido de Rubalcaba pidió ayer al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que explique lo que considera intento del Gobierno de «criminalizar» a los alborotadores. Ello después de que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, advirtiera de que detrás de los incidentes registrados con el pretexto de las obras de Gamonal hay «infiltrados» y grupos violentos «itinerantes».

Algo que se ha confirmado al extenderse los disturbios a otros municipios, en la mayoría de los casos gobernados por el PP, en los que se ha detectado presencia activa de radicales de Izquierda Castellana, Boltxe Kolektiboa, Sarea Antifaxista, antisistemas...

A últimas horas de ayer se volvieron a producir altercados en Madrid, con al menos un detenido, por reventar un cajero. En los registrados el día anterior fueron arrestadas catorce personas, entre ellas tres menores , y un bombero que, tras apagar un contenedor en llamas, atacó a un antidisturbios que identificaba a un compañero por negarse a retirar una manguera que obstaculizaba el paso de un vehículo policial. Tras una discusión, el bombero dio un cabezazo con el casco a un subinspector, motivo por el que fue detenido.

Este funcionario tiene abierta una causa judicial por agredir a dos agentes municipales en noviembre de 2012, durante un conflicto laboral. Además, en agosto de 2008 fue detenido después de haber sido denunciado por su padre víctima de una agresión. Otro de los arrestados cuenta con antecedentes por resistencia a la autoridad, desobediencia, atentado y desórdenes públicos. Y un tercero tiene en su ficha policial amenazas graves, desobediencia y resistencia a la autoridad.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, respaldó la «proporcional y eficaz» actuación de los agentes .