Becerril pide explicaciones al Gobierno por la excarcelación de presos etarras y violadores

Así ha respondido Soledad Becerril al escrito de queja que le remitió la asociación presidida por Daniel Portero , en el que mostraba su discrepancia por la puesta en libertad «en un periodo de pocas semanas» de personas que habían sido condenadas por delitos de extrema gravedad, ocasionando «una situación de dolor y desolación» a víctimas del terrorismo, de asesinatos o violaciones.

La defensora del Pueblo ha emplazado al secretario de Estado de Justicia a transmitirle información sobre todo lo acontecido que se encuentre en el ámbito de competencia del Gobierno y, en particular, que le comunique cúal ha sido «la posición procesal mantenida por la Abogacía del Estado en los procesos penales relacionados con las excarcelaciones derivadas de la sentencia de Estrasburgo, en los que estuviere personada».

Asimismo, ha interesado saber cuál ha sido la postura de la Abogacía del Estado con respecto al artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la normativa correspondiente, que hace alusión al acatamiento de las sentencias del Tribunal con sede en Estrasburgo.

Protección de las víctimas

Becerril también pregunta a la Fiscalía General del Estado sobre la persecución del delito de enaltecimiento del terrorismo y la violencia callejera y a la Secretaría de Estado de Seguridad respecto a la protección de las víctimas tras las excarcelaciones, en virtud al escrito de queja que traslababa la «inseguridad» que sienten muchas víctimas, particularmente de violaciones .

La defensora del Pueblo precisa al inicio de su misiva que su competencia en materia de Administración de Justicia es «limitada» ya que no alcanza a las decisiones de naturaleza sustantiva o procesal adoptadas por los órganos judiciales. Eso sí, defiende que sí puede intervenir sobre los «problemas generales planteados en las quejas presentadas».

En este sentido, explica que la situación vivida en un corto periodo de tiempo por las víctimas es un «problema general que a todos debe preocupar, también a la Defensora del Pueblo» . «Por ello, es deber de todos hacer cuanto sea posible por restañar las heridas producidas, hoy vivas y que perdurarán en el tiempo», señala, para recordar que ya ha declarado públicamente que «l a derogación de la doctrina Parot ha sido un golpe muy duro para España y la velocidad de la excarcelación de sanguinarios terrorista nos ha dejado conmovidos».