Suprimir el aforamiento de los cargos públicos para recuperar el favor de los ciudadanos

La eliminación del aforamiento del que disfrutan los diputados, senadores y parlamentarios autonómicos, aparece en los dos textos aprobados por la asociación en su última Asamblea General.

En su análisis sobre las causas que han motivado el alejamiento entre representantes y representados, los exparlamentarios se muestran muy duros con quienes les han sucedido en los escaños. Les acusan, entre otras cosas, de «reaccionar tarde a los problemas», y ponen como ejemplo el tema de los desahucios, de querer servir a sus «jefes» más que a los ciudadanos, y de sucumbir ante poderes económicos, religiosos o mediáticos.

Desde su punto de vista, los partidos deberían «dar cauce» a las «ideas renovadoras» que defienden los movimientos ciudadanos surgidos al calor de la crisis y «no ahogarlas» haciendo meros «cambios cosméticos». Están convencidos de que la solución a esta visión negativa que los ciudadanos tienen de los partidos pasa por su democratización interna.

En este contexto, abogan por las primarias abiertas dentro de las organizaciones políticas, la limitación de mandatos, la aplicación de principios de transparencia reales y no como «reclamo verbal» -publicitando, por ejemplo, el sueldo de los dirigentes- y una «nueva Ley de partidos y de su financiación».

En el plano parlamentario, plantean reformar el Senado, un sistema electoral que propicie una mayor cercanía entre electores y elegidos, que se legisle sobre «problemas reales y cotidianos, sin debatir en clave de marketing buscando titulares», y abrir nuevas vías a la participación ciudadana. En este punto, piden fomentar las iniciativas legislativas populares y flexibilizar la convocatoria de referendos también en el ámbito autonómico y local, siguiendo el modelo suizo.

En materia judicial, proclaman la necesidad de «despolitizar la Justicia en los nombramientos», suprimir los aforamientos de cargos públicos, que se expulse de los partidos a los condenados en sentencia firme y se suspenda cautelarmente a los imputados.

Otra de sus propuestas para recuperar la confianza ciudadana consiste en la búsqueda de pactos de Estado sobre los «grandes temas» y, ahí enmarcan una propuesta de reforma constitucional para blindar la financiación pública de servicios básicos como Sanidad y Educación.

«Sería altamente positivo que, del mismo modo que se introdujo en la Constitución una limitación al endeudamiento de las administraciones públicas, sugerido por Bruselas, se incluyera el principio de suficiencia del sistema tributario para atender las obligaciones sociales del Estado (educación, sanidad, desempleo, jubilación, etc) y una adecuada financiación de las distintas administraciones», reza el texto coordinado por la exdiputada socialdemócrata (primero de UCD y después del PSOE) Carmela García-Moreno.

Por otra parte, los exparlamentarios encargaron al socialista Leopoldo Torres, ex fiscal general del Estado, un documento «sobre la centralidad de las Cortes Generales en el sistema político español». Y aquí también recogen varias propuestas de reforma constitucional para incorporar los derechos fundamentales de última generación, limitar el aforamiento a los delitos relacionados con la función política, y dotar de una financiación «suficiente, equitativa y solidaria» a las comunidades autónomas.

Respecto a la cuestión territorial, piden «soluciones inteligentes» adoptadas en el Parlamento mediante un acuerdo negociado ampliamente mayoritario que siga los mecanismos de reforma que recoge la propia Constitución, incluido el referéndum de toda la Nación. Eso sí, descartan «la falsa opción del derecho a decidir».

Asimismo, reclaman una Ley Orgánica de la Corona que defina el estatus de los miembros de la Familia Real, la estructura de la Casa del Rey y el régimen del personal a su servicio.

También subrayan la oportunidad de reformar el Reglamento del Congreso y el Senado para dar la facultad a los parlamentarios de defender enmiendas de manera individual y no obligatoriamente con sus grupos, que las peticiones de comparecencia de autoridades que sean solicitadas por un «número significativo» de grupos de la oposición tengan que celebrarse obligatoriamente y medidas «más eficaces» para el control del patrimonio de sus señorías, los altos cargos y los de los órganos constitucionales.

En cuanto al Tribunal Constitucional, proponen reforzar las incompatibilidades de los magistrados respecto de su pertenencia a partidos políticos, la elección vitalicia de sus miembros hasta los 75 años y una presidencia rotatoria.

Una reforma del Tribunal de Cuentas para que cuente con más medios para fiscalizar más rápido las cuentas de los partidos y pueda denunciar infracciones constitutivas de delito, y otra de la Ley de Indulto para obligar a su motivación, que ésta sea refrendada por la Comisión Constitucional del Congreso y que no se pueda aplicar a condenados por corrupción, completan este catálogo de propuestas.