Castro y Manos Limpias, de copas en Palma

Según clientes del bar que les reconocieron, «tomaron un gin-tonic y charlaron hasta casi las ocho, una veces en voz alta, otras susurrando». Virginia López Negrete, que lidera la estrategia judicial de una de las acusaciones populares más beligerantes, se despidió del juez instructor cuando el llegó un taxi que el propio magistrado se encargó de solicitar por teléfono.

El contenido de la conversación no ha trascendido, pero el hecho de que un juez en cuyas manos está uno de los procesos más importantes de España comparta un momento de ocio con la acusación popular puede despertar susceptibilidades, máxime tratándose de un magistrado que en sus autos judiciales ha realizado continuos llamamientos a la ejemplaridad.

Las imágenes podrían dar pie a que las defensas de los acusados intenten apartar del caso al juez Castro al dudar de su imparcialidad. Además, esto ocurre cuando el proceso que investiga los negocios turbios de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres pasa por un momento muy delicado y tenso, ya que hace tan solo una semana que la Fiscalía Anticorrupción propuso dar un vuelco al proceso.

El Ministerio Público solicitó que toda la investigación sea trasladada del los juzgados de Palma de Mallorca al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El motivo que alegó Anticorrupción es que, a su juicio, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá deben ser imputados por la presunta comisión de cuatro delitos . Ambos son diputados autonómicos y, por lo tanto, aforados, de ahí que sólo puedan ser encausados por el Tribunal Superior valenciano.

El fiscal Anticorrupción de Palma, sostiene que si este organismo acepta la investigación sobre los aforados, debería asumir la totalidad de la causa. De hecho, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV recibió el pasado 30 de julio un escrito del abogado de Iñaki Urdangarín en el que éste considera la procedencia de que sea el tribunal valenciano el que decida sobre la instrucción , así como sobre el eventual juicio y fallo del caso Nóos, informa R.B. Crespo.

El escrito, firmado por el letrado que representa a Urdangarín, Mario Pascual, fue presentado cuatro días después de que un auto del instructor de la causa, José Castro, atribuyera indicios de delito al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá en el marco de los convenios suscritos por las administraciones valencianas con el Instituto Nóos por la organización de las jornadas Valencia Summit.

El escrito de alegaciones del abogado de Urdangarín estima que, en caso de que se produjera la imputación de Camps y Barberá, «la competencia para decidir acerca de la instrucción y, en su caso, el juicio y el fallo» debería «corresponder al TSJCV», órgano encargado de dirimir los procesos que afectan a aforados de la Comunidad Valenciana, como son los casos de Camps y Barberá.

Tras la presentación del escrito se esconde la convicción del abogado de Iñaki Urdangarín de que una instancia judicial superior, como es el TSJ valenciano otorgaría una mayor certidumbre procesal para su cliente respecto a la que puede ofrecer un juez de instrucción, como es el caso de Castro.