«Hay que frenar a Gibraltar»

Hay diversidad de opiniones entre los linenses sobre la respuesta del Gobierno español. No hay encuestado que no se sienta «perjudicado» en lo que muchos definen «una guerra política». Algunos, como Javier Gutiérrez y Juan Jesús Pérez, vecinos de La Línea, entienden que recrudecer las inspecciones para evitar el consabido contrabando «es la única medida de presión» del Ejecutivo central. « Políticamente hay que poner freno a Gib raltar y dejar las cosas claras. Han ido ganando terreno desde que se cedió el Peñón. Jurisdiccionalmente no tienen aguas para decidir sobre ellas. Desde el punto de vista humano, las medidas radicales que están tomando ambos gobiernos no benefician a los ciudadanos», manifiesta Juan Jesús.

Su argumento lo defiende Javier, quien añade: «El problema es que ninguna de las dos partes quiere ceder. Con el anterior ministro, Caruana, esto no ocurría. Picardo es más extremista. Pese a todo, la convivencia entre los vecinos de Gibraltar y los de la Línea es buena».

Hacia uno y otro lado de la Verja, el debate sigue caliente. Juan José, vecino de Algeciras que prefiere no dar sus apellidos ni datos sobre su empleo, sostiene que la actuación de Gibraltar «para evitar la pesca es pésima» porque, defiende, « la única herramienta de trabajo de los pescadores son sus redes ». Este hombre ve «bien» la contestación del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo: «España solo tiene los controles en la aduana para luchar».

Gibraltar, «la fábrica»

Junto a la Verja linense hay una parada de taxis. Cuatro trabajadores de este servicio público hablan entre sí mientras esperan clientes. Discuten de lo inevitable. Todos son de la Línea. «El que la ha liado ha sido Picardo por considerar suyo un terreno que no lo es y evitar la pesca . El problema es que los políticos se pelean y somos nosotros los que lo pagamos. Eso sí, al taxi nos viene fenomenal que se formen colas porque la gente de dentro deja el coche y nos solicita. ¡Que sigan, que sigan!», dice Fernando Mellado con guasa.

«Yo lo cerraba al tráfico y lo hacía peatonal. Bien que se aprovechan los gibraltareños de España. Cogen sus coches y se van al Carrefour a comprar televisores y luego los pasan y les descuentan el IVA», interrumpe enfadado Paco Barranco, un compañero.

Las supuestas tasas por entrar y salir de las que ha hablado Margallo son consideradas como «una utopía», «un abuso», una forma de destruir el empleo para los cerca de 7.000 españoles que tienen su sustento en La Roca. Cualquier linense considera Gibraltar como «la fábrica» del municipio. «Esas tasas serían ilegales. El Gobierno español está fastidiando a sus ciudadanos. Si quieren cerrar esto, que generen empleo al otro lado de la frontera», manifiesta un «llanito» que no da su identidad. Mientras tanto, continúa la luz verde a la presión policial para contraatacar la ofensiva gibraltareña.