El Gobierno de Revilla ocultó impagos de más de 200 millones

La controvertida gestión económica del Gobierno que presidió el regionalista Revilla (PRC) en coalición con el PSOE ha sido puesta en evidencia por el Tribunal de Cuentas. Los documentos de fiscalización a los que ha tenido acceso ABC destacan que, en 2010, ya en la recta final de su mandato, el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla aprobó el cierre del ejercicio de 2009 sin reflejar la realidad . Declaró que aquel año había acabado con un saldo negativo de tesorería de 83,72 millones de euros, cuando en realidad se acercaba a los 300 millones. La razón: que no imputó correctamente al presupuesto obligaciones no reconocidas a finales de 2009, por valor de 202 millones de euros.

Esa cantidad no declarada correspondía a facturas pendientes de pago del Servicio Cántabro de Salud. Su cuenta contable de «Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto» se presentaba con saldo cero en el período comprendido entre 2007 y 2010, pero eso no era real. Según indica el Tribunal de Cuentas, «en la fijación del déficit regional del ejercicio 2009 la Intervención General de la Administración del Estado cuantifica su importe en 202 millones de euros». Pero no acababa ahí el «agujero», porque el mismo informe explica que «adicionalmente, como hechos posteriores a la fiscalización, se ha tenido conocimiento de que en el año 2011 se han contabilizado 261 millones de euros» en esa cuenta de pendientes de pago. De hecho, el Gobierno de Ignacio Diego tuvo que aprobar a finales del año pasado un crédito extraordinario de casi 260 millones de euros para «cubrir las insuficiencias de crédito anteriores a 2012».

Entramado de sociedades

Como ayer informó ABC, las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas se extienden también, entre otras materias, a las prácticas de adjudicación de contratos por parte del Gobierno cántabro en la pasada legislatura y a la profusión con la que Revilla replicó sociedades públicas para tejer una maraña de empresas a las que derivaba contratos y fondos presupuestarios. Todo ello con sociedades cuya creación se ha constatado como objetivamente innecesaria, cuyos accionariados se entrecruzaban entre la Administración, empresas matrices y compañías filiales.

Ejemplificador de esta «ingeniería» empresarial puesta en marcha por el Gobierno de Revilla fue el entramado de sociedades urbanísticas. Desde diciembre de 1998 funcionaba la Sociedad Suelo Industrial de Cantabria (Sican) para la gestión de una red de polígonos repartidos por toda la región. Pero el Ejecutivo optó luego por tejer en torno a esa empresa una red de filiales.

Así nacieron «Suelo Industrial La Pasiega», «Suelo Industrial Sámano», «Ecoparque Mioño» y «Suelo Industrial de Torrelavega», cuyos accionariados controlaba el Gobierno regional, pero no directamente sino a través de la sociedad matriz, Sican. Y lo curioso es que se crearon para hacer lo mismo que su matriz: «No se aprecia la necesidad de la creación de una empresa distinta para el estudio y gestión del desarrollo de cada zona industrial, actividades técnicas que podrían ser desarrolladas desde la matriz», evidencia el Tribunal de Cuentas. Y remarca: «El conglomerado de sociedades analizado da lugar a la concurrencia de varias de ellas en la realización de iguales o similares actividades ».