El Gobierno deniega el indulto a un juez que entorpeció la adopción de una niña por una lesbiana

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó al juez a una pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por un delito de retardo malicioso en la tramitación del expediente de adopción. La Fiscalía y las perjudicadas recurrieron la sentencia y el Tribunal Supremo entendió que los hechos eran constitutivos de un delito de prevaricación y elevó la pena a diez años de inhabilitación. También le impuso una multa de 620 euros y el pago de una indemnización de 6.000 euros a las perjudicadas.

La resolución, de la que fue ponente el magistrado Siro García, insistía en que los hechos provocaron a las demandantes «pérdida de tiempo y zozobras y sinsabores». La actitud de Ferrín Calamita no solo implicó «unas injustas resoluciones retardatorias, sino también un despliegue de activa obstrucción beligerante para impedir la efectiva aplicación de la voluntad legislativa; muy significativamente cuando se trataba de cuestionar la idoneidad para la adopción por razón de la orientación sexual de la promovente». «El examen de la madre biológica, titular del la patria potestad, el requerimiento, bajo apercibimiento de sobreseer el expediente para nombrar profesionales, el nombramiento y sucesivo cese del defensor de la niña sólo son racionalmente explicables desde el punto de vista de una resolución injusta», añadía el Supremo.