Cuando el PSOE no dudaba en multar a sus diputados levantiscos

El más sancionado y reincidente ha sido Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CC.OO y miembro de la bancada socialista hasta 2011, al que romper la disciplina por razones de conciencia no ahorró tener que pagar. Tampoco se escapó en 2005 el entonces diputado Juan Antonio Barrio de Penagos, y eso que repitió hasta la desesperación que apretó el botón que no era «por error». Claro está que ninguno de ellos votó distinto por «coherencia catalana», ni formaban parte de un bloque como el del PSC, capaz de aprovecharse de la debilidad de Rubalcaba hasta ponerle contra las cuerdas y dejarle sin margen de maniobra. Esas poderosas razones llevaron ayer al PSOE a no saber muy bien si castigar la insumisión, o acabar dándole un premio.

De hecho, el martes por la mañana, Rubalcaba insinuó a la primera oportunidad que no habría multa para los díscolos del PSC, sino una conciliadora revisión del «modelo de relación» entre los dos partidos hermanos. Poco después la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, descartaba cualquier clase de multa al PSC remitiéndose a una repentina «decisión política» para examinar ese protocolo que une a los dos partidos. Sus palabras estaban aún frescas cuando fueron enmendadas por las de la vicesecretaria general , Elena Valenciano, que por sorpresa anunciaba aplicación a los catalanes del reglamento disciplinario puro y duro. Y la previsión para quien emita «voto contrario a la orientación acordada por el Grupo, cuando ésta se haya realizado de forma voluntaria y haya sido manifestad explícitamente» es de 400 euros en caso de votación en Pleno y de 600 si además tiene «singular importancia».

Conviene ante semejante confusión refrescar la doctrina del ex ministro José Antonio Alonso, que cuando era portavoz del PSOE parlamentario, zanjó uno de los episodios de rebeldía de Antonio Gutiérrez reprendiéndole públicamente con una frase lapidaria: «Le dije que que la opinión es libre y que la lealtad al grupo que le ha acogido es obligada».

Era junio de 2010 y el exdirigente sindical se había abstenido en la convalidación del decreto ley del que luego nacería la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno. Gutiérrez se había negado a acatar un texto que era contrario a sus principios porque abarataba el despido . Zapatero le expresó delante de todos su «mucho» respeto y «un gran aprecio», pero eso no detuvo que el diputado levantisco fuera llamado a dar explicaciones ante la Comisión Disciplinaria y se tramitara una sación, que pudo ser de 300 euros.

El PSOE en el Congreso no confirma las cantidades que impone en ese tipo de expedientes, ni quiénes ni cuantos parlamentarios han sido objeto de ellos. Pero en el caso de Antonio Gutiérrez sí se dejó más claro a la siguiente vez, con ocasión de la incorporación en 2011 del principio de estabilidad presupuestaria a la Constitución acordada por socialistas y populares pero a la que Antonio Gutiérrez se opuso. Le costó 600 euros, que tuvo que hacer efectivos en un plazo de siete días después de que se le notificara la sanción.

En este último episodio, Gutiérrez había vuelto a reclamar su «coherencia», su rechazo a corresponsabilizarse de una reforma de la Carta Magna que a su juicio hacía «el trabajo sucio a la derecha» y, lo que es más, que no respondía al programa electoral del PSOE bajo el que había concurrido a las urnas. Ayer, los diputados del PSC respaldaron una resolución que choca frontalmente con el criterio del Partido Socialista, -apoya el «proyecto rupturista», como lo llamó Carme Chacón-, y aún así habrá que ver si hay correctivo.

Detrás del desafío que ha planteado del PSC hay una vieja aspiración, la de tener voz propia en el Congreso de los Diputados distinta del PSOE en lo que afecta a Cataluña, y un motivo nuevo, más perentorio, como es el de desviar la atención de las corruptelas y sospechas de espionaje que atenazan a sus siglas. En las filas del partido de Alfredo Pérez Rubalcaba, queda poco más que gestionar como se pueda la embestida - incluida la petición de la abdicación del Rey por parte de Pere Navarro - para evitar a toda costa mayor ruido interno y una ruptura en el Parlamento que sería fatal, aunque para ello se recurrirá a la anunciada revisión de relaciones con el PSC, que además ya estaba en curso hace meses.