España

La (borrosa) financiación de los partidos en siete claves

La ley se retocó en octubre, pero sigue permitiendo que los bancos perdonen créditos millonarios a las organizaciones políticas, que sus ingresos sean secretos o que los fraudes prescriban sin sanción

l.l.c. - Actualizado: Guardado en: España

Las reglas de financiación de los partidos políticos se retocaron por última vez en octubre, aunque la discusión en el Congreso de los Diputados quedó eclipsada por el gran titular que anunciaba una rebaja del 20% en las subvenciones que reciben del Estado.

Tras el aplaudido recorte, la normativa -que apoyaron todos los grupos y frente a la que se abstuvieron la Izquierda Plural y Compromís- se ha revelado como un texto con menos luces que sombras. La más acechante, la que impide supervisar de forma eficaz la procedencia del dinero que nutre las cuentas de las organizaciones políticas, donde sigue imperando la opacidad.

Estas son las claves de la ley:

Sanción imposible

El órgano que fiscaliza la contabilidad de los partidos es el Tribunal de Cuentas, que publica los informes con unos cinco años de retraso. La modificación de 2012 reconoció por primera vez a esta institución la capacidad de sancionar irregularidades, con el inconveniente de que la Ley de 2007 dice en su artículo 17.3 que «el plazo de prescripción de las infracciones contenidas en la Ley será de cuatro años», periodo que comienza a computarse en el «momento de la comisión de la infracción». En consecuencia, tales plazos prácticamente aseguran que los fraudes contables van a quedar impunes y, en todo caso, se prevén multas que sólo se elevarían al doble del dinero defraudado o de la retención de subvenciones. De considerarse que el partido ha incurrido en un delito, no obstante, el ordenamiento español eleva la prescripción a cinco años y a diez si supera los 600.000 euros.

El perdón de los bancos

Uno de los ángulos más inquietantes de la financiación de los partidos es el que alude a cómo, por qué y para qué los partidos consiguen créditos millonarios en condiciones tremendamente ventajosas, que luego los bancos les perdonan. La ley vigente trata esta ventaja, impensable para un ciudadano común, con toda naturalidad y dice que la condonación de esas deudas será de un máximo de 100.000 euros al año. Además, los partidos pueden endeudarse cuanto quieran.

Donaciones sin rostro

Las donaciones a los partidos no pueden ser anónimas desde 2007, año en que también se estableció que tampoco pueden sobrepasar al año los 100.000 euros por persona física o jurídica, de cuya identidad solo tendrá conocimiento el Tribunal de Cuentas porque ninguna disposición obliga a hacer públicos los nombres. Desde 2012, además hay que informar al órgano fiscalizador de cualquier donación que supere los 50.000 euros. Lo que no cambió la reforma es la parte que dice que los partidos podrán recibir donaciones inmobiliarias sin límite, con la única condición de notificarlo al TC en el plazo de tres meses.

Falsa claridad web

Una de las buenas noticias de la renovada Ley de Financiación es que obliga a los partidos a hacer pública sus cuentas, con la cuantía de los créditos de que disfrutan y sus condonaciones, «preferentemente a través de su página web». El problema es que sólo tienen que hacerlo una vez emitido por el Tribunal de cuentas el informe de fiscalización correspondiente, es decir, con un lustro de retraso. En ningún caso esta previsión incluye que los partidos difundan quién son los autores de sus donaciones

El coladero de las fundaciones

Si el control del dinero que llega a los partidos se antoja relajado, el de las fundaciones vinculadas a ellos lo es aún más. De hecho, las empresas que contraten con las administraciones públicas no pueden hacer donaciones a los partidos, pero sí a sus fundaciones, para las que también desaparece ese límite de 100.000 euros al año por persona física o jurídica.

Subvenciones a tres bandas

Como se ha mencionado, la reciente modificación de la normativa de financiación estuvo presidida por el debate en torno a la bajada en un 20% de las subvenciones públicas que se les conceden, que se unía a otra del 20% el año anterior. La trampa es que se refiere únicamente a las «subvenciones estatales» , cuando los partidos también reciben ingresos por su representación autonómica y municipal, que ni se recortó ni se limitó, y que tradicionalmente ha supuesto más de la mitad del dinero público que reciben los partidos. Con respecto a las subvenciones locales, baste decir que en 2012 más de 5.000 ayuntamientos de toda España no ha presentado su contabilidad ante el Tribunal de cuentas, con lo que resulta imposible hacer un cálculo total de qué cantidad ha llegado a los partidos a través de esas Corporaciones.

Fuera de la Ley de Transparencia

Los partidos son entidades privadas y con ese argumento han quedado fuera de la Ley de Transparencia que va a abordar el Congreso, igual que sindicatos, patronal o la Casa Real. Esa ley está llamada a consagrar derechos ciudadanos en cuanto al acceso a información comprensible sobre administraciones e instituciones, incluida su situación contable, lo que no será aplicable a las formaciones políticas, a pesar de que reciben millonarias subvenciones públicas.

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