Justicia garantiza la gestión pública del Registro Civil

El ministerio trabaja en un texto en el que figura que el Registro Civil quedará en manos de los registradores , que son funcionarios públicos del Estado y que verán de esta forma aumentadas sus funciones tradicionales, pero sin percibir una contraprestación económica por ello.

Según Justicia, el texto prevé que los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, «seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos».

Actualmente, estas gestiones suponen aproximadamente el 60% de las realizadas en el Registro Civil y otro 20% corresponde a trámites de nacionalidad.

Los sindicatos han denunciado que el anteproyecto de reforma del Registro Civil convertirá este servicio público en un «nicho de negocio» pues, según denuncian, el ciudadano tendrá que empezar a pagar «por lo que ahora es gratuito».