Abogados alertan de riesgo de blanqueo en dar la residencia por comprar casas

Durante unas jornadas de derecho de extranjería, Aguelo ha apostado por analizar esta posibilidad, siguiendo el ejemplo de otros países donde ya se regula, aunque ha añadido que es un «tema complejo» porque acarrearía «un gran número de problemas» de tipo legal, como es el caso del régimen tributario aplicable.

Sin embargo, ha alertado de que es «fundamental» que se controle la procedencia del dinero que se invierte en la compra de los pisos para que no provenga de hechos delictivos, por lo que hay que examinar «muy al detalle» cómo se plasma esa idea del Gobierno. «Es esencial que un Estado como el nuestro, que se basa en unos principios democráticos y sociales de derecho, tenga en cuenta que esas inversiones provengan de dinero que no venga de situaciones complejas u oscuras», ha dicho.

También ha afirmado que aprovechando la posibilidad de dar el permiso de residencia a inversionistas, ello se podría aplicar no solo al sector inmobiliario. Ha defendido el «derecho a migrar» por diferentes motivos y a dar respuesta a las diferentes «situaciones vitales» de los inmigrantes «dentro de un marco legal no discriminatorio». Aguelo ha participado en las jornadas «20 años de defensa de los derechos de las personas extranjeras : luces y sombras» celebradas en el Consejo de la Abogacía, de cuya apertura se han encargado el presidente de este organismo, Carlos Carnicer; la secretaria general de Inmigración, Marina del Corral, y la directora de UNICEF, Paloma Escudero.

Carnicer ha destacado la vocación «institucional y personal» de los abogados que se dedican a este asunto, los cuales «no dudan en echar una mano» a los inmigrantes con problemas legales. Del Corral ha recordado por su parte que e n los últimos 20 años se han producir cambios «sin precedentes» en el panorama migratorio español , ya que el país pasó de ser emisor al principal receptor de extranjeros, una inmigración que ahora se ha ralentizado con la crisis.

Ha remarcado la importancia de integrar a estas personas, algo que, según ha dicho, no solo es responsabilidad de la sociedad de acogida, sino también del propio extranjero , que se debe comprometer con los valores democráticos y «conocer sus derechos y obligaciones». La directora de UNICEF ha expuesto algunos datos de las consecuencias de la crisis, centrándose en la infancia, y ha destacado que su organización seguirá de cerca el desarrollo del decreto ley que limita el acceso al sistema público de salud de los inmigrantes ilegales.