Usuarios de tarjetas opacas piden el archivo del caso porque ha prescrito

Éste ha sido el caso de la exdirectiva Elena Gil García, que gastó con su visa 72.500 euros, principalmente en joyas (unos 15.900 euros en total), artículos en tiendas de lujo como Chanel o Armani o viajes, y a la que el magistrado imputó junto con el resto de beneficiarios de estas tarjetas el pasado 28 de enero .

La defensa de Gil García, que dimitió dos semanas después de que estallara el escándalo el pasado octubre de su puesto de consejera independiente de Jazztel, ha presentado un escrito al magistrado, al que ha tenido acceso Efe, en el que le emplaza a revocar su decisión de imputarle un delito de apropiación indebida y archivar las actuaciones respecto a ella.

Según explica, en la línea de lo que ya han alegado otros imputados, los altos responsables de la caja le entregaron una tarjeta «no corporativa» en su condición de alta directiva. Pero aclara que ella fue cesada de su puesto -por el que recibió un salario bruto de 143.041 euros más un complemento de 61.303 yotros seis pagos mensuales de 6.130, según el contrato de cese que aporta- el 1 de julio de 2004.

Además, el último movimiento que figura en su visa es del 26 de agosto de ese año, con lo que se ha sobrepasado los 10 años de plazo de prescripción previsto por la ley. Es más, los hechos ya estaban prescritos, en concreto por un mes, cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció los hechos el 25 de septiembre del pasado año.

Con todo ello, subraya que se ha extinguido cualquier reproche penal que se pudiera llegar a hacerle, por lo que el magistrado debe archivar el caso respecto a ella. Mientras, otros usuarios de las tarjetas siguen optando por recurrir su imputación y afirmar que las tarjetas formaban parte de sus retribuciones.

Entre ellos, el exalcalde socialista José María Arteta, a quien Andreu ha citado a declarar el próximo lunes junto a otros 9 exconsejeros de la caja, en la que él trabajó entre 2003 y 2010, periodo en el que llegó a gastar 137.617 euros.

Según su recurso, y como ya hicieran otros imputados como los sindicalistas de UGT Gonzalo Martín Pascual, y de CCOO Rodolfo Benito, relata que el que fuera secretario del Consejo, Enrique de la Torre, le entregó una tarjeta a su llegada, de la que la titular era la caja y él el beneficiario, y que se renovaba anualmente.

«En ningún caso fue reprendido o amonestado por persona alguna de Caja Madrid por los cargos que hacía a la tarjeta», recalca la defensa de Arteta, para añadir que «jamás se excedió del límite establecido para la misma» y «nunca sacó dinero en efectivo», pues carecía de número PIN.

Arteta recrimina además al instructor que se introduzca «en materias fiscales, laborales, mercantiles o civilísticas» cuando, en contra de lo que afirma el juez, su visa «estuvo perfectamente dentro del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas». «Es difícil de entender que el instructor afirme que las cantidades recibidas no eran declaradas» al fisco cuando aún Hacienda no ha respondido al requerimiento referido a las inspecciones que realizó en la caja en el periodo investigado.