La reforma energética forzará un alza de tarifas y más recortes a las renovables

El Ejecutivo ultima su nueva batería de medidas para reducir los gastos del sistema (transporte, distribución y primas al régimen especial), que se combinará con cambios en el marco regulatorio con el fin de recortar aproximadamente 4.000 millones de euros. Al menos la mitad, entre .200 millones, los asumirá el Estado. De ellos, 1.200 millones de euros pertenecerán a los costes de la actividad eléctrica extrapeninsular, que ahora se cargan en el recibo de la luz, pero que los deberán asumir los Presupuestos Generales del Estado íntegramente, como dispone un real decreto aprobado en la etapa del socialista Miguel Sebastián al frente del Ministerio.

Al mismo tiempo, Industria inyectará 709 millones de euros correspondientes a las dos últimas emisiones del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE), con el que se canjea por títulos la deuda del déficit de tarifa, que lastra los balances de las compañías eléctricas.

El resto de las medidas, que afectarán a los costes regulados, cubrirán el otro 50% de la reforma energética, los otros 2.000 millones. De momento, el Ejecutivo no ha concretado propuesta alguna. Pero fuentes del Ministerio avanzan que las primas al régimen especial (con la que se trata de incentivar la producción de energías renovables y la cogeneración) necesitan una reconfiguración, que pasará por garantizar «una rentabilidad razonable» y adaptar la evolución de estas ayudas a los «ciclos económicos». En el sector se ha llegado a mencionar la posibilidad de fijar un precio fijo por megavatio de producción. Pero la reacción de las compañías ante esta posibilidad hace prever que su aplicación podría levantar una intensa polémica.

Algunas fuentes cuantifican este nuevo ajuste en torno a 1.000 millones de euros, un nuevo tijeretazo que se compatibilizaría con la ampliación de los años para percibir esas primas. Las compañías eólicas subrayan que ya no hay «huecos» para recortar más, después del decreto aprobado a finales del año pasado, que eliminaba la posibilidad de percibir la retribución de mercado más una prima (que supuso 650 millones de euros).

Esta nueva configuración de las primas se sumará, previsiblemente, a una revisión de la parte regulada del recibo de la luz -que supone aproximadamente el 50% de la tarifa- a partir del año que viene, una medida con la que el Ejecutivo espera recaudar otros 800 millones de euros.

La última propuesta es que la TUR (Tarifa de Último Recurso), a la que están acogidos 26,6 millones de clientes, variará en función del nuevo diseño de los peajes, que suponen el 50% del precio final de la tarifa. Industria quiere que los peajes cambien en función de las estaciones climáticas y de las franjas horarias de cada día, de modo que se pague más en los momentos de mayor demanda. Eso sí, los peajes serán los mismos para todo el territorio nacional.

En el cajón del Ministerio quedan, de momento, otras propuestas, como la de penalizar los mayores consumos estableciendo una «progresividad» en las tarifas que «incentiven el consumo responsable», según apuntaba Industria el año pasado. Si este proyecto se ha aparcado sobre todo por cuestiones técnicas, en el caso de recortar el número de clientes que pueden optar a la TUR ha sido la crisis la que ha paralizado de momento la propuesta. Esta se refería a la posibilidad de rebajar de 10 kW a 5kW la potencia contratada por los consumidores que tendrían derecho a la TUR, cuyo precio es habitualmente más barato que el que ofrecen las compañías del mercado liberalizado. Aunque las eléctricas han presionado a Industria para que aprobara esa propuesta, el Gobierno entiende que el actual no es el momento adecuado.

La reforma también debería dar una solución a la gravísima situación que están sufriendo las centrales de ciclo combinado, las cuales están funcionando al 10% de su capacidad por, entre otros motivos, el exceso de potencia instalada en el sistema y la entrada las renovables. Esas centrales, que funcionan con gas, crecieron como setas en la última década y ahora están infravaloradas y a punto de cerrar. Como no se pueden clausurar porque el sistema eléctrico las puede necesitar en cualquier momento -puntas de demanda en invierno o verano, que no haya viento, y un largo etcétera e circunstancias- algunas voces piden que se les pague un canon por capacidad, es decir, una subvención para que estén preparadas por si tienen que funcionar, y que ese dinero salga de las renovables, que son las que técnicamente les han relegado a un segundo plano en el acceso al sistema. Posibilidad que ha sembrado el terror en algunos sectores, como, de nuevo, el de las renovables. Pero sobre lo que no hay dudas es de que las incógnitas se despejarán en las próximas semanas.