El Decreto que quiso erradicar de un plumazo el independentismo en España
El general Primo de Rivera, durante un discurso de 1926 - abc

El Decreto que quiso erradicar de un plumazo el independentismo en España

Nada más dar el golpe de Estado, Primo de Rivera instauró una dura política contra los nacionalismos, sobre todo el catalán, al que consideraba unos de los grandes «males» de España

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«De los males patrios que más demandan urgente y severo remedio, destacan el sentimiento, propaganda y actuación separatistas que vienen haciéndose por odiosas minorías, que no por serlo quitan gravedad al daño, y que precisamente por serlo ofenden el sentimiento de la mayoría de los españoles, especialmente el de los que viven en las regiones donde tan grave mal se ha manifestado», escribía el general Primo de Rivera el 17 de septiembre de 1923, menos de una semana de su golpe de Estado.

Tras medio siglo con el sistema de la Restauración, el excapitán general de Cataluña instaura su dictadura para «salvar la patria» y librarla de «los males» que acechaban a un Estado en plena descomposición. Uno de los primeros objetivos que se propuso –además de terminar con el sistema parlamentario «inmoral y corrupto», los desórdenes públicos y el problema marroquí– fue el de erradicar de un plumazo los separatismos en España.

El dictador impuso rápidamente una dura política contra los nacionalismos e independentismos periféricos, que quedó plasmada con la firma, pocos días después de haberse iniciado el directorio militar y de haberse declarado el estado de guerra, del Real Decreto sobre el Separatismo, del que ahora se cumplen 90 años. El objetivo: imponer sanciones que «eviten el daño apuntado» y «purgar el virus que representa la menor confusión, el más pequeño equívoco en sentimientos que ningún pueblo ni Estado conscientes de su seguridad y dignidad admiten ni toleran», especificaba Primo de Rivera en el preámbulo del Real Decreto dirigido al Rey Alfonso XIII.

El apoyo inicial del nacionalismo catalán

En un principio, Primo de Rivera disimuló su anticatalanismo para no decepcionar a la poderosa burguesía catalana ni a la Lliga, que gobernaba en la Mancomunidad de Cataluña. Y de hecho, en los primeros instantes el nacionalismo catalán apoyó a Primo de Rivera creyendo que, al haber sido capitán general de Cataluña, les favorecería en su camino hacia la obtención de más libertades y privilegios, pero lo cierto es que el fuerte carácter centralista del nuevo dictador se impuso rápidamente. Todo ellos favorecido por el cada vez mayor recelo con que era visto el auge de los nacionalismos catalán y vasco entre la derecha conservadora española.

El Real Decreto sobre Separatismo del 18 de septiembre de 1923 –que al día siguiente ABC publicaba al completo bajo el título «La represión del separatismo»– establecía juicios militares por los delitos «contra la unidad de la patria, cuando tiendan a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por la palabra, por escrito, por la imprenta o por otro medio mecánico o gráfico de publicidad y difusión, o por cualquier otro acto o manifestación».

Su artículo primero también prohibía izar cualquiera bandera que no fuera la española en los edificios oficiales, ya fueran los del Estados o de los gobiernos provinciales o municipales. La banderas catalanas, vascas o gallegas quedaban desterradas, y cualquiera que las ostentara podría ser arrestado durante seis meses o sufrir una multa de hasta 5.000 pesetas. Toda una fortuna para la época que también podría caer, además de los seis meses de prisión, a todo aquel que pronunciara discursos o redactara escritos que reflejaran cualquier sentimiento independentista.

Prohibido hablar catalán

Ahí no quedaban las penas, que podían ser mucho mayores en el caso de organizarse alzamientos contra el Gobierno central, donde se podría aplicar incluso la pena de muerte, o realizar manifestaciones «públicas o privadas» a favor de la independencia o difundirse ideas separatistas en los colegios. En este último caso el castigo podía llegar a dos años de cárcel y multas de hasta 10.000 pesetas.

El Real Decreto también prohibió a cualquier autoridad pública, sea del signo que sea, utilizar otro idioma que no fuera el español en los actos públicos, ya fueran estos de carácter nacional o internacional.